Francisco Garduño durante una conferencia de prensa del Gobierno de México. Foto: Presidencia de México / Archivo.
Un juez federal cerró el caso Garduño por el incendio de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 resultaron heridas. La resolución consideró cumplidas las medidas impuestas al excomisionado del Instituto Nacional de Migración, pero familiares y defensores anunciaron una apelación porque sostienen que la reparación fue parcial y que no hubo una rendición de cuentas proporcional a la tragedia.
Caso Garduño termina sin antecedentes penales
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón decretó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023 contra Francisco Garduño Yáñez por ejercicio ilícito del servicio público. La decisión tiene efectos de sentencia absolutoria y, si queda firme, el exfuncionario no tendrá antecedentes penales por este expediente.
El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), cerca de la frontera con El Paso. Un grupo de personas prendió fuego a colchonetas durante una protesta por las condiciones de detención; las puertas permanecieron cerradas mientras el humo llenaba el dormitorio. Associated Press reportó que fue el episodio más letal registrado en una instalación migratoria mexicana.
En 2023, la Fiscalía General de la República sostuvo que Garduño y otros directivos incumplieron sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas y las instalaciones a su cargo. También documentó omisiones previas señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y un patrón de fallas en centros del INM.
Reparaciones públicas, pero responsabilidad individual en disputa
El cierre fue posible porque el juzgado consideró cumplidas las condiciones de una suspensión condicional concedida en enero de 2025. Entre ellas estaban una disculpa pública, capacitación en derechos humanos, supervisión de instalaciones y reparación económica a víctimas y familiares.
El INM informó oficialmente que las indemnizaciones fueron cubiertas con recursos institucionales y que el plan incluyó medidas de rehabilitación, compensación y no repetición. Sin embargo, representantes de las víctimas objetaron que los pagos no salieron de Garduño, que parte de la atención médica prometida no fue accesible y que la disculpa funcionó como requisito procesal, no como reconocimiento suficiente de responsabilidad.
La controversia no es sólo económica. El debate central es si una reparación financiada por el Estado puede extinguir la responsabilidad penal individual del funcionario que encabezaba la institución. Los abogados anunciaron que apelarán y recordaron que hay amparos pendientes, por lo que el fallo todavía puede ser revisado.
La discusión se suma a otros reclamos sobre derechos humanos y eficacia institucional, como las acciones urgentes de la ONU por desapariciones en México, donde las familias también exigen investigaciones completas y resultados verificables.
Sheinbaum descarta una nueva investigación
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se abrirá otra investigación contra Garduño y atribuyó el desenlace a la decisión judicial. Aristegui Noticias recogió su postura de que la indagatoria fue profunda y que las medidas de reparación fueron atendidas durante el gobierno anterior.
La respuesta cierra, por ahora, la vía política para revisar la actuación del excomisionado. También aumenta el peso de la apelación de las víctimas, que cuestionan que Garduño conservara el cargo hasta 2025 y después fuera nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública.
El nombramiento posterior y el cierre penal alimentan la percepción de protección institucional. No prueban por sí mismos una intervención indebida en el proceso, pero sí obligan al Gobierno federal a explicar por qué considera suficiente la investigación y qué cambios verificables evitarán otra tragedia.
El caso también ocurre en un contexto de presión sobre la política migratoria mexicana y el empleo de connacionales en Estados Unidos, cuyo deterioro ya afecta el flujo de remesas hacia México. La movilidad humana continúa siendo un asunto de seguridad, derechos y cooperación bilateral.
Mientras la apelación se prepara, el resultado deja una pregunta de fondo: si la reparación administrativa basta para cerrar la responsabilidad penal por 40 muertes o si las familias todavía tienen derecho a un juicio que examine las decisiones de mando dentro del INM.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
