Tras el controversial fraude electoral en Venezuela y la reelección de Nicolás Maduro, Chile se encuentra en alerta ante la posibilidad de una nueva ola masiva de migrantes venezolanos. Con aproximadamente 800 mil venezolanos ya residiendo en el país, el gobierno chileno ha anunciado una serie de medidas para enfrentar el posible incremento en la llegada de inmigrantes. El objetivo principal es reforzar las fronteras y mejorar la coordinación con otros países de la región para gestionar de manera efectiva esta crisis humanitaria.
Según cifras oficiales, alrededor de 800 mil venezolanos viven actualmente en Chile, lo que convierte al país en el quinto destino más común para los migrantes venezolanos después de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Un sondeo de Meganalisis reveló que un 44,6% de la población venezolana consideraría emigrar si Maduro continuaba en el poder. Álvaro Bellolio, ex jefe del Servicio Nacional de Migraciones, advirtió que cerca de 5 millones de venezolanos podrían abandonar su país en los próximos meses, con Chile recibiendo entre el 10% y el 20% de esta migración.
“La situación en Venezuela es de desesperación”, afirmó Bellolio en una entrevista con Ex-Ante. Esta nueva oleada de migrantes podría ejercer una presión significativa sobre los servicios básicos en Chile, como salud, educación y vivienda, además de sobrecargar el sistema carcelario.
En respuesta a esta potencial crisis migratoria, el gobierno de Gabriel Boric ha implementado varias estrategias. La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la importancia de no exagerar la alarma, pero reconoció la preocupación por un posible aumento en la inmigración. “La inmigración venezolana nunca ha cesado”, afirmó Tohá, subrayando la necesidad de prepararse adecuadamente.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó varias localidades en el norte del país para evaluar las instalaciones fronterizas y anunciar el reforzamiento del contingente de vigilancia. No obstante, la ministra Tohá descartó el cierre de fronteras y propuso una mayor coordinación con los países vecinos, similar a los acuerdos de cuotas de refugiados implementados en Europa.
Las reacciones a nivel político no se hicieron esperar. El senador Juan Luis Castro (PS) propuso la creación de campamentos provisionales en la frontera para recibir a los migrantes, mientras que el diputado Diego Ibáñez (FA) abogó por mantener una política de “puertas abiertas” para los venezolanos que lleguen de manera regular. Sin embargo, esta última propuesta generó controversia incluso dentro de su propio partido, con el diputado Jorge Brito señalando que Chile no está preparado para un nuevo ‘Cucutazo’.
Desafíos y Críticas
El experto en seguridad y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, afirmó que “el país no está preparado para una nueva ola migratoria” y subrayó la importancia de una coordinación regional para proteger las fronteras y gestionar la acogida de migrantes. Álvaro Bellolio, por su parte, recomendó no otorgar visas a extranjeros que ingresen ilegalmente y sancionar a quienes contraten a migrantes sin autorización.
No todos los expertos comparten una visión negativa sobre la migración. Fabiola Vergara, académica de la Universidad de Talca, argumentó que los migrantes generan un impacto positivo en los países que los reciben. Según Vergara, el aporte impositivo de los migrantes venezolanos en Chile podría aumentar significativamente si se regularizara su situación. Además, sugirió agilizar los procesos de validación de títulos profesionales y técnicos extranjeros para aprovechar mejor la mano de obra cualificada.
Chile se encuentra en una encrucijada ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria desde Venezuela. La preparación del país dependerá en gran medida de la coordinación regional y la implementación de políticas migratorias efectivas que equilibren la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos de los migrantes.