La crisis de seguridad en Cuautla abrió un nuevo frente político después de que el Cabildo rechazó llamar a comparecer al encargado de la policía municipal. La regidora Anita Sánchez Guerra pidió disolver la corporación y entregar temporalmente la vigilancia a la Guardia Nacional, al denunciar presuntas conexiones internas con grupos criminales. Sus señalamientos no equivalen a una resolución judicial.
Cabildo frena cuentas en la crisis de seguridad en Cuautla
La petición de comparecencia buscaba que Emanuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de Seguridad Pública, explicara la estrategia local, el uso de recursos y los resultados frente a extorsiones y ataques al transporte. Sin embargo, la mayoría del Cabildo rechazó someter al funcionario a ese ejercicio de rendición de cuentas.
Según el reporte de Luces del Siglo, Sánchez Guerra también preguntó por patrullas aprobadas en abril y por el destino del presupuesto para equipamiento. La regidora sostuvo que siete responsables han pasado por el área de seguridad entre 2025 y 2026; uno fue detenido por robo y dos fueron separados tras reprobar evaluaciones de control y confianza.
La acusación más grave fue que dentro de la policía existiría una estructura vinculada con organizaciones criminales. Hasta ahora, esa versión corresponde a un señalamiento político que debe investigarse y no a un hecho probado por una sentencia. El gobierno municipal no había publicado una respuesta detallada a las imputaciones al momento de los reportes.
Déficit policial y una ciudad bajo presión
La regidora calculó que Cuautla cuenta con unos 45 agentes para atender a una población cercana a 196 mil habitantes. Esa cifra supone aproximadamente un policía por cada 4 mil 350 residentes y ayuda a dimensionar una capacidad operativa reducida frente a delitos como homicidio, extorsión y cobro de piso.
La Jornada Morelos informó que la violencia reciente incluyó quema de unidades de transporte y bloqueos, con afectaciones a clases, actividades laborales y comercios. La situación ocurre después de la detención del exalcalde Jesús Corona Damián, investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El contexto ya había llevado a revisar la respuesta oficial en Morelos. Enrique Muñoz News documentó que el plan estatal de seguridad fue presentado sin presupuesto definido y que la liberación de un detenido en Totolapan exhibió fallas operativas. Además, el feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte profundizó los cuestionamientos sobre la protección institucional.
Plan Cuautla: refuerzo federal frente a la debilidad local
El Gobierno federal respondió desde julio con el Plan Cuautla. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó el despliegue de 394 elementos y 79 unidades federales, estatales y municipales en 14 colonias, con prioridad en homicidios y extorsión.
En septiembre, la misma dependencia informó que el operativo había dejado 119 detenciones de personas consideradas generadoras de violencia y anunció una inversión estatal de 477 millones de pesos para seguridad, infraestructura, educación y programas sociales. La estrategia, no obstante, depende de una policía municipal funcional y confiable para sostener resultados cuando disminuya la presencia federal.
La propuesta de disolver la corporación no puede ejecutarse sólo por decisión de una regidora: requiere procedimientos legales, coordinación entre órdenes de gobierno y una alternativa operativa. Pero la negativa del Cabildo a exigir explicaciones deja sin respuesta preguntas básicas sobre mandos, evaluaciones, patrullas y presupuesto. En una ciudad intervenida por fuerzas federales, la rendición de cuentas local sigue siendo el eslabón pendiente.







