La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertos dos procedimientos contra Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal que ya dejó el cargo: uno relacionado con las acusaciones formuladas en Estados Unidos y otro con su actuación en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó el 13 de noviembre que la renuncia no cancela las investigaciones administrativas.
Dámaso Castro: salir del cargo no cierra los expedientes
La novedad no es otra renuncia, sino la confirmación de que los dos asuntos siguen sin resolución administrativa anunciada. Sánchez Kondo explicó que los expedientes comenzaron cuando Castro todavía pertenecía a la institución y que el Órgano Interno de Control continúa solicitando información para desahogarlos, según el reporte de Televisoras del Pacífico.
Para una fiscalía encargada de investigar delitos, tener bajo revisión la actuación de quien ocupó su segundo nivel de mando no es un trámite menor. El escrutinio alcanza a la propia institución: debe aclarar qué ocurrió, determinar si existieron faltas y explicar sus conclusiones. La salida de un funcionario resuelve una vacante; no responde por sí sola a esas preguntas.
El nuevo balance da seguimiento a la renuncia de Castro y los señalamientos estadounidenses, informados previamente por este medio. No equivale a una sanción ni permite dar por demostradas las acusaciones.
Dos vías distintas, ninguna condena anunciada
Uno de los procedimientos se relaciona con los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El otro corresponde a la actuación institucional en la investigación inicial del homicidio de Cuén Ojeda, ocurrido en julio de 2024. Son asuntos diferentes y deben examinarse por separado, no mezclarse como si una acusación probara automáticamente la otra.
De acuerdo con la información recogida por La Jornada, el órgano interno recaba documentación de expedientes federales. La fiscal distinguió las atribuciones administrativas locales de las investigaciones penales que corresponden a la Fiscalía General de la República.
Esa diferencia es importante: investigar una posible falta administrativa no significa dictar una sentencia penal. Tampoco una acusación presentada en otro país sustituye el derecho de defensa. En los reportes del 13 de noviembre consultados para esta actualización no aparece una nueva respuesta de Castro sobre los dos procedimientos; se mantiene la presunción de inocencia.
Seis meses de licencia y una rendición de cuentas pendiente
Sánchez Kondo sostuvo que la separación fue voluntaria, después de una licencia de seis meses sin goce de sueldo. También negó que se hubiera pactado una liquidación especial. El Financiero recogió esas precisiones y señaló que José Roberto Quiñones Coronado continúa como encargado de la Vicefiscalía.
La información disponible no acredita que Castro haya sido exonerado, sancionado o condenado por estos procedimientos. Lo verificable es más incómodo para la institución: transcurrida la licencia y consumada la salida, los expedientes siguen abiertos. Publicar sus resultados, con respeto al debido proceso, es la respuesta pendiente frente a la ciudadanía.
El caso se desarrolla en un estado donde la persistencia de la violencia y el despliegue de fuerzas de seguridad ya han colocado los resultados gubernamentales bajo escrutinio. La confianza en la procuración de justicia exige algo más que cambios de nombres: conclusiones comprobables y responsabilidades determinadas por las autoridades competentes.







