Un niño utiliza un teléfono mientras sus padres lo observan. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó un decreto digital que obliga a las plataformas a impedir que niñas, niños y adolescentes reciban contenidos violentos, sexuales o de autolesión. Las empresas tienen 30 días naturales para modificar sus sistemas y reportar avances. La medida busca una protección urgente, pero nace sin sanciones inmediatas y deja abiertas preguntas sobre verificación, privacidad y supervisión.
Qué exige el decreto digital a las plataformas
El decreto, publicado el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, ordena a las empresas aplicar una configuración segura por defecto para las cuentas de menores. También exige clasificación y verificación de edad, controles parentales, mecanismos de denuncia y medidas para impedir el acceso a materiales que promuevan violencia, odio, extremismo, abuso sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios, acoso escolar o actividades ilícitas.
Las plataformas deberán mantener un enlace de contacto disponible las 24 horas para autoridades, preservar evidencia digital y avisar cuando detecten contenidos que puedan poner en riesgo la vida de una persona menor. La Presidencia informó que Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en las mesas previas y que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento.
La obligación se apoya en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, el decreto no detalla todavía un método público y uniforme para medir el cumplimiento ni precisa qué autoridad resolverá controversias sobre edad, retiro de contenido o errores de clasificación.
Obligatorio, pero sin castigos inmediatos
El punto más débil del decreto digital es su mecanismo de exigencia. El Gobierno lo define como obligatorio, pero no punitivo. Las compañías disponen de 30 días naturales para adaptar sus sistemas e informar qué hicieron; si no cumplen, la administración federal plantearía una ley con sanciones. Ese diseño deja un periodo en el que la obligación existe sin una consecuencia administrativa inmediata y verificable.
La diferencia entre una promesa corporativa y un resultado medible será central. Para evaluar la política harían falta indicadores públicos: número de cuentas protegidas, tiempo de respuesta a denuncias, contenido retirado, apelaciones aceptadas, incidentes reportados y medidas correctivas. Sin esa información, el seguimiento corre el riesgo de depender de informes producidos por las propias plataformas.
De acuerdo con Reuters, Meta dijo que analizaría el decreto y mantendría el diálogo con las autoridades; otras compañías no respondieron de inmediato. La falta de compromisos comparables refuerza la necesidad de que el Gobierno publique criterios comunes y plazos de evaluación, en vez de aceptar reportes incompatibles entre empresas.
Protección infantil frente a privacidad y libertad
Verificar la edad puede reducir la exposición de menores, pero también implica tratar datos personales sensibles. El Gobierno deberá aclarar qué información podrán pedir las plataformas, por cuánto tiempo conservarla y cómo evitar que la protección infantil se convierta en una recolección excesiva de documentos, rasgos biométricos o historiales de uso.
También se necesitan mecanismos de apelación cuando un sistema automático bloquee por error información periodística, educativa o de salud. El debate recuerda que la regulación de plataformas debe proteger derechos sin crear controles opacos, una tensión ya visible en los lineamientos de audiencias cuestionados por la oposición. La experiencia con el filtro anticrimen para candidaturas muestra, además, que los controles ganan credibilidad cuando las reglas, fuentes y responsabilidades pueden ser auditadas.
El decreto fue presentado después del ataque cometido por dos exalumnos de 18 años en una escuela de Coahuila, que dejó una persona muerta y tres heridas. Esa cercanía explica la urgencia política, pero no prueba que una sola plataforma o contenido haya causado el hecho. El reto será convertir la respuesta inmediata en una política con evidencia, garantías y rendición de cuentas.
El plazo de 30 días debe servir para publicar reglas técnicas, responsables institucionales y resultados comparables. Proteger a menores en línea es un objetivo legítimo; hacerlo con controles verificables, mínimos de datos y vías de reclamación determinará si el decreto digital produce seguridad real o queda como una obligación difícil de fiscalizar.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
