El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de intentar controlar la información mediante los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca controlar la información que se difunde en radio y televisión mediante los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias. El senador sostuvo que Morena “le huye a la crítica” porque, según su postura, se trata de un gobierno débil, mientras que el Gobierno de México y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) rechazaron que las disposiciones representen un mecanismo de censura.
Alito Moreno cuestiona los nuevos lineamientos
A través de su cuenta en X, Alejandro Moreno compartió una columna de opinión publicada en eje central, en la que aseguró que, detrás del argumento de proteger a las audiencias, existe la intención de limitar el trabajo de periodistas y medios críticos.
El dirigente priista sostuvo que los lineamientos contienen criterios ambiguos que, desde su perspectiva, permitirían a la autoridad decidir de forma discrecional qué información puede considerarse verdadera o descontextualizada.
Asimismo, cuestionó la independencia de la figura del defensor de las audiencias, al señalar que, en su interpretación, podría responder a intereses gubernamentales en lugar de representar a la ciudadanía.
Moreno también advirtió sobre el esquema de sanciones económicas previsto en los lineamientos, las cuales podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos de los medios de comunicación.
De acuerdo con el senador, estas medidas podrían inhibir el trabajo periodístico de quienes investiguen o cuestionen al gobierno federal.
En su posicionamiento retomó además observaciones realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha expresado preocupaciones sobre la discrecionalidad de algunos aspectos de la propuesta y su posible impacto en la libertad de expresión.
Compara la propuesta con otros países
Durante su crítica, Alejandro Moreno comparó la propuesta con experiencias registradas en Venezuela, Nicaragua y Cuba, al afirmar que en esos países el control de contenidos comenzó bajo el argumento de la responsabilidad social.
También mencionó el caso de Hungría, durante el gobierno de Viktor Orbán, como ejemplo de un modelo que, según su interpretación, debilitó al periodismo crítico mediante órganos reguladores.
Además, recordó el atentado contra Charlie Hebdo en 2015 dentro de su argumentación sobre la importancia de preservar la libertad de expresión y evitar la imposición de una “verdad única”.
En su publicación, el dirigente del PRI afirmó que su partido “no va a permitir” que Morena “destruya los cimientos de nuestra democracia” mediante lo que calificó como chantajes, sanciones económicas y persecución política.
Asimismo, aseguró que el gobierno federal “le huye a la crítica” porque, desde su perspectiva, enfrenta un debilitamiento político.
Gobierno y CRT rechazan acusaciones de censura
Frente a las críticas de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los nuevos lineamientos no representan un mecanismo de censura.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las acusaciones son “absolutamente falsas” y sostuvo que “no hay censura, ni va a haber censura”.
Explicó que la figura del defensor de las audiencias funcionará como un espacio para recibir quejas del público y será designada por las propias empresas concesionarias.
En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano Rodríguez, señaló que la libertad de expresión continuará garantizada y que los códigos de ética y los criterios editoriales seguirán siendo definidos por cada medio de comunicación.
Añadió que la defensoría de las audiencias únicamente actuará como intermediaria para atender inconformidades presentadas por el público.
El Gobierno de México también recordó que los lineamientos aún no entran en vigor y permanecen en un proceso de consulta pública abierto del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Durante ese periodo, concesionarios, académicos y organizaciones civiles podrán presentar observaciones antes de que se publique la versión definitiva del documento.
