Claudia Sheinbaum muestra el decreto de entornos digitales seguros junto a Luisa María Alcalde. Foto: Noemí Juárez / Gobierno de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto digital que obliga a las plataformas a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos, sexuales o de autolesión. El instrumento da 30 días naturales para realizar ajustes técnicos, pero no establece sanciones inmediatas, por lo que su eficacia dependerá del cumplimiento de las empresas y de la vigilancia gubernamental.
Decreto digital fija 30 días, pero no castigos
El Gobierno federal presentó el decreto como obligatorio y anunció su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, precisó que también es “no punitivo”: Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei tendrán un mes para adecuar sus sistemas y documentar las medidas adoptadas.
Sheinbaum dijo que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento. Si las compañías no aplican los cambios, el Ejecutivo impulsaría posteriormente una ley con sanciones. Esa secuencia deja una tensión central: las obligaciones entran en vigor, pero las consecuencias concretas por incumplir todavía dependen de una reforma futura.
La firma concluye una etapa que comenzó con el anuncio presidencial del 2 de octubre y avanzó con un proyecto todavía pendiente de publicación y castigos. La novedad de este miércoles es el plazo formal de 30 días y la exigencia de que las empresas informen qué medidas implementaron.
Qué deberán cambiar las plataformas digitales
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la SEP, las plataformas deberán restringir desde el diseño la exposición y recomendación algorítmica de discursos de odio, extremismo violento, abuso sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
También tendrán que retirar de inmediato cuentas o publicaciones que generen riesgo, clasificar contenidos por edad, verificar la edad de las personas usuarias, activar configuraciones de privacidad más protectoras y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres o tutores. Además, deberán habilitar un contacto disponible las 24 horas para requerimientos de autoridades, conservar evidencia y alertar cuando detecten material que pueda atentar contra la vida.
El comunicado oficial no detalla el método de verificación de edad, los criterios para auditar los algoritmos ni el procedimiento para impugnar retiros erróneos. Esos vacíos son relevantes porque cualquier sistema de control debe proteger a menores sin abrir riesgos innecesarios para la privacidad o la libertad de expresión. El debate se suma a otras decisiones sobre el uso de tecnología por menores, como la restricción de celulares en escuelas mexicanas.
El primer examen llegará dentro de un mes
El decreto surgió después del ataque de dos exalumnos de 18 años contra una preparatoria en Coahuila, ocurrido a comienzos de octubre, que dejó una persona muerta y tres heridas. Reuters informó que el episodio aceleró la presión del Gobierno sobre las grandes empresas tecnológicas.
Meta señaló a la agencia que analizará el decreto y recordó que ya cuenta con controles parentales y límites de contacto para adolescentes. Las demás compañías consultadas no ofrecieron una respuesta inmediata. La aceptación expresada durante las reuniones con el Gobierno no equivale todavía a una prueba verificable de cumplimiento.
La primera evaluación deberá ocurrir al vencer el plazo de 30 días. Para que el decreto digital pueda medirse, la autoridad tendría que informar cuántas empresas entregaron reportes, qué modificaciones aplicaron y cómo comprobará que las recomendaciones algorítmicas dejan de exponer a menores a contenido dañino.
El objetivo de proteger a la infancia tiene amplio consenso. El punto pendiente es convertir esa intención en resultados comprobables: sin sanciones vigentes, auditorías públicas ni métricas de avance conocidas, el Gobierno inicia la regulación con obligaciones formales, pero todavía sin un mecanismo claro para exigir cuentas si las plataformas fallan.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
