México restringirá el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre de 2026. La medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública (SEP), se aplicará durante las clases y los recreos. Aunque el Gobierno la presenta como una política para proteger el aprendizaje y la salud mental, todavía faltan reglas operativas claras para su aplicación cotidiana.
Celulares en escuelas: qué cambiará desde noviembre
La restricción abarcará teléfonos móviles y tabletas durante toda la jornada escolar en primaria y secundaria. Los estudiantes podrán llevar los dispositivos en la mochila, pero únicamente podrán utilizarlos ante una emergencia o una necesidad particular autorizada. En el nivel medio superior, cada plantel conservará margen para permitir su uso pedagógico bajo reglas propias.
Sheinbaum explicó en su conferencia matutina del 21 de septiembre que el Gobierno prefiere hablar de regulación y no de prohibición. Su argumento es que el uso indiscriminado de pantallas afecta la creatividad, la convivencia y el desarrollo cognitivo de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas alcanzó un acuerdo unánime entre las 32 entidades. La SEP también informó que participaron alrededor de 565 mil docentes en una consulta y que 81% respaldó una regulación del uso de dispositivos.
La aplicación queda en manos de cada comunidad escolar
El anuncio fija la fecha y el alcance general, pero deja pendientes aspectos centrales: quién resguardará los equipos, qué ocurrirá si un alumno incumple, cómo se atenderán emergencias familiares y qué protocolos evitarán revisiones arbitrarias de mochilas. Tampoco se ha detallado si habrá recursos adicionales para capacitar docentes o vigilar el cumplimiento en planteles con grupos numerosos.
El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y después habrá 30 días de asambleas informativas con madres, padres y personal escolar. Ese periodo será decisivo para convertir una instrucción nacional en reglas comprensibles y homogéneas. Sin lineamientos precisos, la política podría aplicarse de manera distinta entre estados, escuelas públicas y privadas, o incluso entre turnos del mismo plantel.
El País señaló que la medida forma parte de una tendencia internacional para reducir la exposición de menores a redes sociales y pantallas. Sin embargo, restringir el dispositivo dentro del plantel no sustituye una estrategia amplia de alfabetización digital, atención psicológica y corresponsabilidad familiar.
Una política educativa que deberá demostrar resultados
El Gobierno sostiene que la regulación ayudará a recuperar la atención, la escritura y las actividades psicomotoras. Para comprobarlo deberá publicar indicadores antes y después de su entrada en vigor: incidentes disciplinarios, comprensión lectora, convivencia, acoso digital y percepción de docentes y familias. Sin evaluación pública, la medida podría quedarse en una prohibición administrativa difícil de medir.
La decisión también llega mientras la administración federal defiende otros programas de alto impacto. En Enrique Muñoz News hemos documentado tanto la promoción de programas sociales de Sheinbaum como los límites de la estrategia de seguridad en el caso del refuerzo federal en Mazatlán. En todos esos frentes, el reto no es solamente anunciar una política, sino demostrar que produce resultados verificables.
La restricción de celulares en escuelas parte de una preocupación legítima y cuenta con respaldo docente amplio. Su eficacia dependerá de que la SEP publique reglas claras, respete las excepciones por emergencia o discapacidad y evite trasladar toda la responsabilidad a maestros y directivos sin recursos adicionales.







