Madres y familiares de personas desaparecidas marchan en México. Foto: Wotancito / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
El Gobierno de México negó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, después de que cuatro expertos de Naciones Unidas alertaran sobre agresiones recientes en Sinaloa. La respuesta oficial reconoce rezagos en búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, una admisión que mantiene abierta la exigencia de resultados verificables y protección efectiva.
Gobierno niega patrón de desapariciones contra buscadoras
En un comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores fechado el 30 de septiembre, el Gobierno federal sostuvo que la información disponible no acredita un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Añadió que cada caso debe atenderse con debida diligencia y condenó la violencia contra familiares y colectivos.
La administración de Claudia Sheinbaum afirmó que la desaparición y no localización de personas constituye una de sus prioridades nacionales. También señaló que los relatores y grupos de trabajo de los Procedimientos Especiales actúan de manera independiente y que sus opiniones no representan una postura institucional de toda la ONU.
El posicionamiento enumera medidas de la Estrategia Nacional de Búsqueda: una alerta nacional, apertura de carpetas desde el primer reporte, una base nacional de investigaciones, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y más personal y equipo para la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, el propio comunicado admite desafíos pendientes en búsqueda, investigación, identificación y justicia.
La ONU documenta tres agresiones en 72 horas
El pronunciamiento de los expertos de la ONU describe tres hechos ocurridos en Sinaloa entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre: la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, una agresión contra Alma Rosa Rojo Medina junto con su hija y dos menores, y el atropellamiento de integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa durante una protesta en Mazatlán.
La alerta fue firmada por la relatora sobre personas defensoras Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, Claudia Flores.
Los especialistas señalaron que las mujeres buscadoras enfrentan niveles alarmantes de violencia que pueden terminar en desaparición o asesinato. Recordaron, además, antecedentes del colectivo de Sinaloa: el asesinato de Rubí Gómez-Tagle y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025. Su reclamo central es que México prevenga, investigue, sancione y repare las agresiones, con medidas de protección adecuadas al riesgo.
Dos diagnósticos que exigen datos comparables
La controversia contiene una diferencia relevante: el Gobierno niega un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada, mientras los expertos describen un patrón más amplio de violencia, desapariciones y asesinatos contra defensoras. Esos conceptos no son idénticos. Para despejar la disputa no basta una declaración general; hacen falta datos públicos sobre denuncias, medidas de protección, investigaciones, judicializaciones y sentencias.
La respuesta federal ofrece una lista de herramientas institucionales, pero no presenta en ese comunicado indicadores que permitan medir su eficacia. El punto verificable será si las agresiones señaladas avanzan hacia el esclarecimiento y si las buscadoras reciben protección antes de nuevos ataques. Ese seguimiento permitirá evaluar si la prioridad anunciada se traduce en resultados.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
