Los contratos de Grupo Maferefun con la Secretaría de Bienestar y Morena quedaron bajo escrutinio tras una investigación publicada el 27 de octubre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El reportaje documenta contrataciones federales y un pago partidista para un evento en Ciudad de México. Ariadna Montiel rechazó irregularidades y defendió que los servicios se contrataron legalmente.
Grupo Maferefun: del gasto federal al evento de Morena
La investigación de Leonardo Núñez y Amaranta Villa Sánchez identifica 21 contratos de Bienestar por 307.5 millones de pesos entre 2021 y 2026. Señala que 13, por 190.5 millones, corresponden al periodo de Montiel al frente de la dependencia, entre enero de 2022 y abril de 2026; no atribuye todo el acumulado a su gestión.
El documento central del capítulo partidista es una solicitud de pago del 14 de agosto por 11 millones 431 mil 979.80 pesos. Según MCCI, corresponde a la organización del registro de aspirantes a coordinaciones estatales, realizado en junio en el World Trade Center. El reportaje reproduce documentación del trámite y del registro del proveedor ante el INE.
La base interactiva de contratos publicada por MCCI distingue los 307.5 millones de Bienestar, reportados sin IVA, del contrato de Morena, que incluye ese impuesto. Son operaciones de instituciones y periodos diferentes: no deben presentarse como una sola adjudicación ni como dinero cuyo desvío esté acreditado.
Montiel sostiene que hubo servicios y precios de mercado
En su respuesta del 27 de octubre, recogida por Infobae, Montiel negó un conflicto de interés y aseguró que las contrataciones cumplieron la ley. Explicó que el proveedor participó en la alimentación y logística del personal movilizado para atender emergencias, incluido el huracán Otis, que afectó a Guerrero en 2023.
La dirigente describió brigadas alojadas en Chilpancingo que viajaban a Acapulco para levantar censos y apoyar a damnificados. Sostuvo que el despliegue requirió garantizar comida y otros servicios, y afirmó que los pagos correspondieron a prestaciones efectivamente realizadas. También defendió la contratación para actividades de registro de Morena.
La cobertura de Metapolítica sobre la misma conferencia confirma que la presidenta del partido respondió a los cuestionamientos invocando las necesidades operativas y los precios de mercado. Esa explicación recoge la posición de la señalada; no equivale a una auditoría independiente de cada operación.
Qué está documentado y qué no puede darse por probado
El alcance de la noticia es la trayectoria de un proveedor entre contratos gubernamentales y partidistas, documentada por una investigación periodística y controvertida por Montiel. No se presenta aquí una sentencia ni una resolución administrativa que determine corrupción. Tampoco basta la coincidencia de un proveedor para acreditar por sí sola un beneficio indebido.
La revisión de este caso exige separar contratos, servicios entregados y responsabilidades. La discusión ocurre en un contexto de atención pública a la fiscalización, reflejado en los procedimientos reportados por el contralor del INE y en el debate sobre los controles del gasto electoral de 2027. Son asuntos distintos: sus hallazgos no deben trasladarse automáticamente a Grupo Maferefun.
Fotografía de archivo: Ariadna Montiel durante una intervención pública. Imagen de Morena, difundida en octubre de 2026; el archivo de origen está fechado el 13 de octubre. Fuente gráfica: Publimetro. No corresponde a la respuesta del 27 de octubre ni documenta una irregularidad.







