Terminal de almacenamiento investigada en San José Iturbide. Foto: FGR, difundida por La Jornada; recorte horizontal.
El supuesto megadecomiso de huachicol en Guanajuato quedó sin sustento después de que Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles 21 de octubre que los 59 millones de litros asegurados eran legales. La admisión revierte el anuncio presentado en septiembre como un golpe histórico y obliga a la FGR a explicar por qué inmovilizó el combustible, difundió una cifra extraordinaria y no reportó detenidos.
Huachicol en Guanajuato: la versión oficial se derrumba
Durante su conferencia matutina del 21 de octubre, la presidenta dijo que la terminal de San José Iturbide contaba con permisos y que la empresa presentó la documentación sobre el origen del producto. Cuando se le preguntó si la revisión había confirmado una operación amplia de huachicol, respondió que no y dejó a la Fiscalía General de la República la obligación de ofrecer los detalles finales.
La nueva versión contradice el tono del anuncio realizado el 17 de septiembre. Autoridades de Guanajuato presentaron el hallazgo como el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito: 33.5 millones de gasolina regular, 7.3 millones de premium y 18.3 millones de diésel almacenados en diez tanques. Un día después, el Gobierno federal prometió que habría detenciones.
La propia versión estenográfica de Presidencia del 18 de septiembre registró que el caso era tratado como un decomiso histórico. Sin embargo, desde entonces no se informó de una sola captura vinculada con los depósitos ni se presentó una acusación judicial que acreditara que el combustible almacenado era robado o había ingresado mediante contrabando.
Un operativo anunciado antes de verificar documentos
Grupo Simsa, operador de la terminal, sostuvo desde el inicio que únicamente prestaba servicios de almacenamiento a empresas permisionarias y que el producto pertenecía a clientes como Pemex, Shell y ExxonMobil. La compañía entregó facturas, pedimentos y autorizaciones para defender la legalidad de las operaciones.
La revisión posterior exhibió fallas dentro de la Fiscalía. Omar García Harfuch informó a finales de septiembre que el operativo se había realizado dos semanas antes de ser anunciado y que la cifra fue difundida sin haber verificado toda la documentación. Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la FGR en Guanajuato, fue removido e investigado por las anomalías.
Sheinbaum señaló que existieron “algunos asuntos ilegales” relacionados con el transporte que ingresaba a la instalación, pero afirmó que la empresa resolvió el problema al entregar la documentación. Esa explicación todavía deja preguntas: qué unidades estaban en falta, qué norma incumplieron, si hubo sanciones, cuánto combustible permaneció inmovilizado y quién autorizó presentar la totalidad como presuntamente ilícita.
EL PAÍS reportó este miércoles que la investigación corroboró la legalidad del combustible y recordó que el operativo careció de detenciones. La FGR no había difundido, hasta la declaración presidencial, un informe público completo que corrigiera el anuncio inicial.
El error no es menor. Un aseguramiento de esa magnitud afecta operaciones comerciales, reputaciones y credibilidad institucional. La rendición de cuentas requiere publicar la cronología, las órdenes ministeriales, el volumen realmente retenido, las consecuencias para los funcionarios responsables y el resultado de la investigación contra el exdelegado. Sin ese expediente, la corrección presidencial reconoce la falla, pero no explica cómo ocurrió ni evita que se repita.
Foto: FGR, difundida por La Jornada. Terminal de almacenamiento investigada en San José Iturbide, Guanajuato; recorte horizontal para uso editorial.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
