Terminal de almacenamiento de combustible en San José Iturbide. Foto: FGR, difundida por La Jornada; recorte y ajuste de formato.
La Fiscalía General de la República destituyó a Juan Francisco Vera como delegado en Guanajuato tras detectar anomalías en el decomiso de combustible anunciado como un aseguramiento histórico de 59 millones de litros. El Gobierno federal admitió que el cateo ocurrió dos semanas antes de difundirse y que la legalidad del producto no había sido verificada por completo, por lo que la FEMDO asumió la investigación.
Anomalías en decomiso de combustible costaron el cargo
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el viernes 25 de septiembre que la fiscal general Ernestina Godoy removió a Vera después de revisar el procedimiento ejecutado en San José Iturbide. De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Financiero, las autoridades encontraron dos inconsistencias centrales: el operativo se realizó aproximadamente dos semanas antes de su anuncio y la cifra se difundió sin verificar toda la documentación.
El caso comenzó el 3 de julio, cuando un conductor no pudo acreditar la trazabilidad de una pipa con 33 mil litros de diésel. La pesquisa condujo a cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble de gas LP en Dolores Hidalgo y la terminal de La Fragua. El informe inicial del Gabinete de Seguridad reportó diez tanques, siete unidades de transporte, documentos contables y facturas.
El problema ya no se limita al posible origen del combustible. La destitución del delegado obliga a esclarecer por qué una diligencia ministerial fue presentada como un golpe concluyente cuando seguían pendientes la medición definitiva, la propiedad de los hidrocarburos y su trazabilidad fiscal.
FEMDO revisa si los 59 millones eran ilícitos
Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tomó el expediente y mantiene abierta una investigación más amplia sobre ilícitos de combustible. Las empresas relacionadas entregaron pedimentos, facturas y otros documentos que ahora deben ser contrastados antes de establecer qué volumen, si alguno, carece de procedencia legal.
Grupo Simsa, operador de la instalación, afirmó que su actividad consiste en almacenar producto perteneciente a terceros y que sus usuarios cuentan con permisos. Esa postura no resuelve el expediente, pero impide afirmar como hecho consumado que los 59 millones de litros eran huachicol. La Jornada informó, con base en fuentes de la FGR, que el combustible podría no ser ilícito; la Fiscalía aún debe emitir una conclusión formal.
EMN había documentado que varias firmas todavía no acreditaban plenamente el origen y destino del producto en la nota Huachicol en Guanajuato: firmas no justifican 59 millones. La nueva información cambia el centro del caso: además de revisar a las empresas, la institución examina ahora la actuación de su propia delegación.
Autoridades se deslindan y persisten las preguntas
Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, sostuvo que la policía estatal realizó las primeras labores de inteligencia y entregó el expediente al Ministerio Público federal. En declaraciones recogidas el 25 de septiembre por NW Noticias Guanajuato, atribuyó a la FGR la responsabilidad sobre las diligencias ministeriales y la custodia del combustible. También pidió esperar el resultado de la FEMDO.
Durante el cateo de la terminal no se anunciaron detenciones. La única captura conocida corresponde al conductor de la pipa intervenida en julio. Ese vacío resulta relevante porque el Gobierno había prometido identificar propietarios, operadores, beneficiarios y destinos del producto. Otro expediente sobre contrabando, la investigación que colocó a Deer Park en un caso de huachicol fiscal, ya mostró que las redes de combustible exigen seguir facturas, rutas de transporte y decisiones administrativas, no solamente asegurar instalaciones.
La FGR debe transparentar la fecha exacta del operativo, la cadena de custodia, el volumen realmente inmovilizado, las empresas propietarias y las razones de la destitución. También falta determinar si hubo faltas administrativas, posibles delitos o una comunicación precipitada. La remoción del delegado es una medida interna, pero no sustituye una explicación pública ni una resolución judicial.
Hasta que la FEMDO concluya sus peritajes, el caso debe describirse como una investigación en curso. Presentar todo el combustible como ilegal sería prematuro; minimizar las anomalías confirmadas también lo sería. La credibilidad del combate al huachicol depende de que el Gobierno corrija errores, deslinde responsabilidades y publique resultados verificables.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
