La presidenta subraya que la culpabilidad no depende del Ejecutivo, sino de las fiscalías
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no le corresponde al Poder Ejecutivo determinar la culpabilidad de una persona, y que el caso de Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario vinculado al caso La Barredora, debe resolverse dentro del marco judicial y bajo evidencia clara. Aseguró que su gobierno no protegerá a nadie.
Proceso judicial en curso y sin intervención del Ejecutivo
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que el juicio contra Hernán Bermúdez Requena sigue su curso legal. La Fiscalía General del Estado de Tabasco trabaja junto con la Fiscalía General de la República en una carpeta de investigación aún abierta. La mandataria dejó claro que el juicio y cualquier decisión sobre culpabilidad no depende de ella.
“No le corresponde a la presidenta de la República decir quién es culpable”, puntualizó. Agregó que en México el sistema penal acusatorio exige pruebas para poder fincar responsabilidades, y no se puede actuar en función de opiniones o suposiciones sin respaldo documental.
Participación federal es limitada y de apoyo
Sheinbaum explicó que el gobierno federal solo brinda apoyo técnico y de información a las fiscalías estatales y federales. Aseguró que no hay injerencia en el proceso judicial. Recordó que desde el 1 de octubre su administración colabora con el estado de Tabasco.
En febrero se emitió una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, y se activó una ficha roja de Interpol para su localización. Reiteró que no se está encubriendo a nadie y que la investigación seguirá abierta mientras se reúnen las pruebas necesarias.
Culpabilidad solo con pruebas científicas
La presidenta subrayó que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que solo una investigación sólida puede derivar en la acusación formal de alguien. Señaló que para detener a un presunto responsable fuera de flagrancia, se necesitan pruebas científicas y documentación jurídica.
“El proceso penal en México exige certeza, no suposiciones”, enfatizó. Añadió que el Ejecutivo no será cómplice de ningún encubrimiento, y que se garantizará el respeto a los derechos legales de todas las personas involucradas.
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