El ministro Del Castillo reta a Evo Morales a hacerse una prueba de ADN para aclarar las acusaciones de estupro, en medio de crecientes protestas y bloqueos.
En el marco de una feroz disputa interna en el MAS, Eduardo Del Castillo exige a Evo Morales demostrar su inocencia ante los cargos de trata y estupro que enfrenta, mientras las tensiones sociales y bloqueos aumentan en Bolivia.
En medio de la intensa pugna interna que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lanzó un contundente desafío al ex presidente Evo Morales, exigiéndole públicamente que se someta a una prueba de ADN para demostrar su inocencia en la investigación que lo vincula con delitos de trata de personas y estupro. La denuncia, que ha acaparado la atención pública en las últimas semanas, implica al líder cocalero en un escándalo que data de su mandato, cuando supuestamente embarazó a una adolescente de 16 años.
“Si a mí me denuncian por un hecho de violación, inmediatamente pido que se realice una prueba de ADN para demostrar que soy inocente. Eso es lo que debería hacer el señor Morales”, afirmó Del Castillo en declaraciones desde la ciudad de El Alto. El ministro subrayó que el pueblo boliviano tiene el derecho de conocer la verdad sobre las acusaciones que pesan sobre el ex mandatario, las cuales han polarizado a la sociedad y profundizado la división en el seno del MAS.
El caso que involucra a Morales es uno de los más avanzados en su contra. La fiscal Sandra Gutiérrez, encargada del proceso, ya había anunciado la posible aprehensión del ex presidente después de que este no se presentara a la toma de declaraciones el pasado 10 de octubre en Tarija. Aunque la orden de captura aún no ha sido emitida, el temor a su ejecución ha sido uno de los principales catalizadores de las recientes protestas organizadas por sus seguidores.
Desde el lunes, movimientos sociales afines a Morales han bloqueado rutas claves del país, lo que ha aislado al departamento de Cochabamba y provocado serias dificultades en el transporte de mercancías y combustible. La estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que al menos 570 camiones cisterna se encuentran varados, una situación que amenaza con generar escasez de combustible en varias regiones del país. Estos bloqueos no solo buscan frenar la posible aprehensión del ex mandatario, sino también presionar para que se levanten todos los procesos judiciales en su contra, que, según el evismo, son parte de una campaña de lawfare para destruir su carrera política.
Además de las tensiones legales, los bloqueadores han planteado una serie de demandas sindicales y políticas que agravan aún más la situación. Exigen la validación del congreso parcial del MAS que ratificó a Morales como líder del partido y lo proclamó candidato para las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, las decisiones sobre el liderazgo partidario y las candidaturas están fuera del control del Órgano Ejecutivo, correspondiendo al poder judicial y electoral su resolución.
Por otro lado, las demandas sindicales incluyen la derogación de varios decretos supremos, entre ellos el decreto 5225, que prohíbe las quemas en Bolivia, una medida impulsada para combatir los incendios que han devastado más de diez millones de hectáreas en el país en menos de cinco meses. Los sindicatos afines a Morales han condicionado cualquier intento de diálogo con el gobierno a la eliminación de estas normativas.
En el caso específico de la investigación por estupro, la justicia boliviana también ha involucrado a los padres de la presunta víctima, quienes habrían actuado en complicidad con Morales con el fin de obtener beneficios políticos. El padre de la joven ya ha sido encarcelado de manera preventiva en la prisión de Morros Blancos, Tarija. Sin embargo, la policía no ha logrado localizar a la madre ni a la víctima, lo que dificulta aún más el avance del proceso judicial.
La presión política y social que ejercen los seguidores de Morales representa un desafío importante para el gobierno del actual presidente Luis Arce, quien también pertenece al MAS, pero ha intentado distanciarse de su predecesor y consolidar su propio liderazgo dentro del partido. No obstante, el conflicto interno ha generado una crisis política que afecta la gobernabilidad y pone en duda la estabilidad de la administración actual de cara a las próximas elecciones.
Mientras tanto, la población boliviana se encuentra atrapada en medio de este conflicto, con el temor de que las protestas y bloqueos se prolonguen, causando más interrupciones en el abastecimiento de alimentos y combustible, así como graves pérdidas económicas para el país. La respuesta del gobierno, junto con la evolución de los procesos judiciales contra Morales, serán clave para determinar el curso de los acontecimientos en las próximas semanas.