La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 7 de octubre la reforma constitucional que exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana para competir por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir del proceso electoral de 2028. El cambio, promovido por Morena como una defensa de la soberanía, abre cuestionamientos sobre derechos políticos, aplicación desigual y reglas todavía pendientes.
Reforma de doble nacionalidad regirá desde 2028
La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. De acuerdo con el expediente legislativo oficial, quienes busquen alguno de esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento, hijos de madre o padre mexicanos y no poseer otra nacionalidad. Si la tienen, deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura.
La restricción también operará durante el ejercicio del cargo: la persona titular no podrá adquirir otra nacionalidad, usar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos de otro país ni acogerse a su protección diplomática. La Presidencia justificó la iniciativa con el argumento de que el interés nacional debe colocarse por encima de cualquier otro.
La prohibición no abarca todos los cargos públicos
El alcance es selectivo. La reforma cubre el Poder Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales, incluida la capital, pero no impide que diputadas, diputados, senadoras o senadores tengan doble nacionalidad. Esa diferencia se convirtió en uno de los principales cuestionamientos de la oposición y deja abierta la discusión sobre por qué el criterio de “nacionalidad única” se aplica a unas responsabilidades de elección popular y no a otras.
En la Cámara de Diputados, el dictamen obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, según el Canal del Congreso. Morena y sus aliados sostuvieron que la medida reduce riesgos de lealtades divididas. El Partido Acción Nacional respondió que la reforma limita derechos de mexicanos que viven en el extranjero o que adquirieron otra ciudadanía sin perder su vínculo con el país.
El debate se conecta con el seguimiento que el Congreso realiza a la administración federal mediante las comparecencias por el Segundo Informe y con otros asuntos donde la Presidencia ha asumido control político directo, como la supervisión de resultados de Pemex.
Críticas por derechos y aplicación desigual
La bancada del PAN en el Senado anunció su voto en contra al considerar que la medida castiga a integrantes de la diáspora y no presenta evidencia de que la doble nacionalidad, por sí sola, haya generado conflictos de lealtad. En su posición pública, el partido señaló que la Constitución ya exigía ser mexicano por nacimiento para aspirar a la Presidencia.
Otro punto práctico es que la renuncia a una ciudadanía extranjera depende también de las leyes del país que la otorgó. El Congreso deberá definir cómo se acreditará ese trámite, qué documentos serán válidos y qué autoridad resolverá controversias. Sin reglas uniformes, candidaturas similares podrían recibir decisiones distintas de autoridades electorales federales y locales.
Congreso y estados deben completar las reglas
La reforma de doble nacionalidad no cambia la elección intermedia de 2027. Su aplicación comenzará con el proceso electoral de 2028, lo que da margen para emitir legislación secundaria y armonizar las constituciones estatales. El decreto establece un plazo de 90 días para esos ajustes.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación formaliza un cambio ya aprobado por las dos cámaras del Congreso y por 22 legislaturas estatales. La etapa decisiva será la reglamentación: ahí se sabrá si el nuevo requisito puede verificarse con criterios claros, si resiste impugnaciones y si su aplicación se limita estrictamente a los cargos señalados. La defensa de la soberanía es la explicación oficial; la rendición de cuentas exigirá demostrar que la restricción es necesaria, proporcional y aplicada sin sesgos partidistas.







