Fachada principal y cúpula del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de MéxicoArchivo, 1 de noviembre de 2019. Foto: Jazminhdzp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

El gobierno de Claudia Sheinbaum propone ampliar el permiso para reproducir monumentos: además del uso comercial, alcanzaría el académico y la difusión cultural. El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH pidió a los diputados corregir la iniciativa de Ley de Monumentos antes de votarla. Su objeción: quien publica una imagen para explicar cómo se conserva una obra no hace lo mismo que quien vende sus reproducciones.

Qué cambia en la Ley de Monumentos

El artículo 17 vigente exige permiso del instituto competente para reproducir monumentos arqueológicos, históricos o artísticos con fines comerciales. La producción artesanal recibe un trato distinto. La finalidad importa: el artículo no pone en la misma categoría una reproducción destinada a la venta y una lámina que ilustra el resultado de una investigación.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa presidencial a la Comisión de Cultura y Cinematografía el 18 de noviembre. Según el boletín 4911 de la Cámara, la reforma ampliaría las facultades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para autorizar reproducciones de monumentos de su competencia. El instituto también podría emitir los lineamientos de esos permisos. El turno a comisión no equivale a una aprobación ni impone desde ahora un trámite a docentes o museos.

Una imagen en el aula y otra en una tienda

Para entender el reparo de los restauradores, basta pensar en dos usos de la misma imagen. Una empresa imprime la reproducción de una obra en mercancía que vende. Una investigadora la proyecta en una conferencia abierta para mostrar dónde se ha desprendido la pintura. En el segundo caso importa que el público vea el detalle; describirlo de palabra no siempre permite comprobar la conclusión. Es un ejemplo del alcance que se discute, no un permiso que ya se haya negado.

En el pronunciamiento recogido por Cuarto Poder, el sindicato advierte que la expresión «comunicación pública» podría abarcar también catálogos de exposiciones y archivos digitales. Pide excluir expresamente los usos educativos, científicos y culturales sin lucro. La postura es de la representación sindical, no un pronunciamiento institucional del INAH. La diferencia entre instituciones importa: los restauradores que objetan la medida pertenecen al INAH; el Ejecutivo busca ampliar atribuciones del INBAL.

La divulgación no termina en las salas de los museos. Experiencias como la de Santa Rosa Xochiac en el Museo Nacional de Antropología muestran cómo una comunidad comparte su memoria con quienes no la conocen. Eso no significa que aquella exposición esté sujeta a la propuesta.

Sacar una obra del país no es publicar su imagen

El Ejecutivo defiende otra medida en el mismo proyecto: prohibir expresamente la exportación definitiva de monumentos históricos y artísticos de propiedad particular. Argumenta que, si una pieza se queda en el extranjero, México pierde capacidad para conservarla y el público pierde acceso a ella. También propone coordinar al INBAL con el Instituto Nacional del Derecho de Autor para evitar que terceros se apropien de obras protegidas.

Los restauradores piden que se escuche al personal técnico antes del dictamen. El debate sobre los recursos disponibles para el INBAL y el INAH añade una pregunta práctica: ¿quién tramitaría las nuevas solicitudes? Y queda una decisión que sí corresponde a los diputados: si una obra permanece en México, ¿qué se protege al exigir permiso a quien sólo quiere explicarla?

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.