Familiares de personas desaparecidas durante un acto en la Cámara de Diputados, Ciudad de México, en 2017. Foto: Ginnette Riquelme / CIDH, CC BY 2.0.
Familiares y colectivos de búsqueda cuestionaron la revisión del registro de desaparecidos anunciada por la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones señalan que no fueron consultadas y reclaman información sobre la selección, independencia y mandato de los especialistas. El señalamiento importa porque cualquier cambio en la base oficial puede afectar la búsqueda, la investigación de casos y el reconocimiento de miles de víctimas en México.
Registro de desaparecidos: reclamos por falta de consulta
La inconformidad surgió después de que Gobernación presentó un grupo de especialistas nacionales e internacionales encargado de realizar un análisis técnico y científico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De acuerdo con El País, decenas de colectivos y familiares difundieron una carta en la que afirman desconocer los criterios de selección y las garantías de independencia del panel.
Las familias también piden conocer los objetivos, funciones, alcance y duración del trabajo, así como la posibilidad de revisar periódicamente sus avances. Su preocupación central es que una depuración estadística termine excluyendo casos reales que contienen información incompleta, un problema frecuente en expedientes antiguos o levantados por autoridades con capacidades desiguales.
El reclamo no parte de una oposición a la revisión técnica. Las organizaciones han insistido durante años en mejorar la calidad de la información. La exigencia es que ese proceso tenga reglas públicas, participación de las víctimas y trazabilidad: cualquier reclasificación debe explicar qué dato cambió, por qué cambió y qué consecuencias tendrá para la búsqueda.
Gobernación defiende un análisis técnico e independiente
La versión oficial de la Secretaría de Gobernación señala que el grupo reúne a nueve especialistas y fue integrado con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dependencia sostiene que su misión será revisar científicamente el registro y fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda.
En el mismo anuncio, el Gobierno informó la localización de más de 16 mil personas durante los últimos meses. Enrique Muñoz News ya documentó que las cifras oficiales requieren desglose y metodología verificable, porque localizar no equivale necesariamente a resolver las circunstancias de cada desaparición ni a garantizar una investigación penal.
El registro supera las 130 mil entradas y reúne casos con distintos niveles de información. Esa heterogeneidad representa un desafío real: hay expedientes con datos completos y otros que apenas contienen un nombre o apodo. Sin embargo, la falta de datos no demuestra que la persona no exista o que el reporte sea inválido; obliga a reforzar la investigación y la coordinación con fiscalías, comisiones estatales y familias.
La revisión debe publicar método, cambios y resultados
La discusión ocurre mientras México continúa bajo escrutinio internacional. En marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó una decisión sobre la situación mexicana al amparo del artículo 34 de la Convención. Ese contexto vuelve especialmente sensible cualquier modificación al universo oficial de personas desaparecidas.
El Gobierno federal puede reducir la desconfianza con medidas concretas: publicar los perfiles y posibles conflictos de interés de los expertos, definir por escrito su mandato, abrir sesiones con colectivos, conservar versiones auditables del registro y someter las conclusiones a revisión pública. También debe precisar si el panel emitirá recomendaciones vinculantes o únicamente técnicas.
La transparencia es indispensable porque el país mantiene rezagos en otras herramientas prometidas para la búsqueda. En septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció retrasos en el banco nacional de ADN forense, mientras las familias siguen enfrentando información fragmentada y respuestas institucionales desiguales.
Revisar el registro de desaparecidos puede corregir errores y acelerar localizaciones, pero no debe convertirse en una operación para reducir cifras sin explicar cada decisión. La prueba de independencia del nuevo grupo no estará en su integración formal, sino en la apertura de su método, la participación efectiva de las familias y la preservación de todos los casos mientras exista una persona cuyo paradero no haya sido esclarecido.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
