CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el banco nacional de ADN previsto en la legislación sobre desapariciones mantiene retrasos y señaló que el Gobierno federal trabaja con las entidades para acelerar el análisis de muestras genéticas y la identificación forense.
El reconocimiento coloca el foco en una de las partes más sensibles de la política de búsqueda: no basta con recolectar muestras de familiares o restos sin identificar. Para que una base de datos sea útil debe integrar registros compatibles, procesar perfiles genéticos y permitir cruces oportunos entre fiscalías, servicios forenses y autoridades de búsqueda.
Qué admitió el Gobierno federal
Durante su conferencia del 10 de septiembre, Sheinbaum afirmó que existe rezago en los análisis y que la construcción del banco está contemplada en la ley. La mandataria pidió acelerar el trabajo en los estados, donde se concentra una parte importante de los servicios periciales y de las muestras pendientes.
El Heraldo de Saltillo reportó que la Presidenta admitió el retraso aun cuando la norma obliga a crear el banco nacional. Milenio destacó que la base busca agilizar los procesos de identificación de personas desaparecidas.
El desafío es tanto tecnológico como institucional. México cuenta con registros de personas desaparecidas, bases forenses y bancos locales, pero la utilidad de esos sistemas depende de que compartan estándares, depuren duplicidades y mantengan trazabilidad de cada muestra. También se requieren laboratorios con personal suficiente, controles de calidad y recursos para procesar expedientes acumulados.
La identificación no termina con una base de datos
Un banco de ADN puede ayudar a establecer coincidencias, pero no sustituye las investigaciones ministeriales ni la búsqueda en vida. Cuando aparece una posible correspondencia genética, las autoridades deben verificarla, notificar a las familias con acompañamiento especializado y preservar la cadena de custodia para que los resultados tengan validez jurídica.
La información genética exige además salvaguardas estrictas. Los datos deben utilizarse únicamente con fines de búsqueda e identificación, protegerse contra accesos indebidos y contar con reglas claras sobre consentimiento, conservación y auditoría. Las familias necesitan conocer qué institución resguarda su muestra, en qué etapa está el análisis y cómo pueden solicitar una revisión.
El anuncio presidencial abre una prueba verificable para la administración: reducir el inventario de muestras pendientes, aumentar los cruces entre bases y publicar indicadores periódicos sobre identificaciones. Sin metas, plazos y cifras comparables, el compromiso corre el riesgo de quedarse en una declaración general.
La crisis forense tiene consecuencias directas en miles de hogares que esperan una respuesta. La prioridad inmediata es convertir los registros dispersos en un sistema interoperable y transparente, sin relegar las búsquedas territoriales ni la investigación de los responsables.
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Fuentes: conferencia de prensa de la Presidencia, El Heraldo de Saltillo y Milenio. Información actualizada al 11 de septiembre de 2026.
