La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no utilizar los vehículos blindados que fueron adquiridos en 2025 para el traslado de ministros y ministras, luego de las críticas públicas por su alto costo. El presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la institución escuchó los cuestionamientos y optó por ejercer sus funciones bajo un enfoque de austeridad.
La compra de vehículos y el cambio de decisión
Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz explicó que la renovación del parque vehicular respondió originalmente a criterios de seguridad derivados de la responsabilidad que implica el cargo de ministros y ministras. Detalló que el 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados, de los cuales se entregaron 39.
El ministro presidente señaló que, desde el inicio de la nueva integración, los propios integrantes de la Corte decidieron no utilizar las camionetas debido a que eran consideradas ostentosas. Añadió que, durante varios meses, los vehículos presentaron fallas mecánicas, lo que derivó en análisis de riesgo y en la decisión de poner a la venta 21 unidades.
Tras los señalamientos por el gasto realizado, la SCJN resolvió finalmente no usar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Aguilar Ortiz sostuvo que la austeridad no debe ser solo un mensaje simbólico y que la seguridad no necesariamente implica lujo.
Ahorros y funcionamiento del Poder Judicial
Posteriormente, Néstor Vargas informó sobre las medidas de funcionamiento del Poder Judicial previstas para 2026. Explicó que estas acciones buscan generar ahorros y ajustar el gasto institucional sin afectar las tareas sustantivas de la SCJN.
La decisión sobre los vehículos se suma a otras medidas administrativas que han sido anunciadas como parte del discurso de austeridad del nuevo pleno de la Corte, aunque algunas de ellas han generado debate público.
En paralelo, la SCJN enfrentó cuestionamientos por la adquisición de 12 togas para los ministros, con un costo cercano a los 300 mil pesos. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el gasto total ascendió a 294 mil 547.20 pesos, con precios unitarios que oscilaron entre 22 mil y 26 mil pesos.
Aunque Aguilar Ortiz había señalado que no utilizaría toga, la Corte decidió mantener la vestimenta tradicional. Se adquirieron seis togas para ceremonias extraordinarias y seis para sesiones ordinarias, mediante dos contratos distintos en 2025. Tres ministras conservaron las prendas de la integración anterior.
Este gasto, junto con la compra y posterior anuncio de no uso de camionetas blindadas, ha intensificado el debate público sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y las decisiones administrativas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
