La presidenta propone quitar la inmunidad a diputados y senadores para fortalecer la rendición de cuentas
El fuero legislativo ha sido durante siglos una figura clave del marco jurídico mexicano, diseñada para proteger a los diputados y senadores de persecuciones políticas. Sin embargo, en la actualidad es visto por amplios sectores sociales como un mecanismo de impunidad que permite a políticos acusados de corrupción o delitos graves evitar la justicia.
Una protección constitucional cuestionada
El fuero legislativo se estableció en México desde la Constitución de Cádiz de 1812, siguiendo modelos europeos. La inmunidad procesal permite que los legisladores no puedan ser detenidos ni sometidos a juicio penal por delitos comunes sin una autorización previa de la Cámara a la que pertenecen. Para retirarlo se requiere un procedimiento llamado declaración de procedencia.
Aunque nació como una garantía para el libre ejercicio parlamentario, evitando persecuciones políticas, en los últimos años ha sido utilizado por líderes partidistas, exgobernadores y legisladores para evadir responsabilidades. Casos recientes como los de Alejandro Moreno Cárdenas, Cuauhtémoc Blanco Bravo y Francisco Javier García Cabeza de Vaca han reavivado el debate público.
La propuesta de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá eliminar el fuero legislativo para diputados y senadores ante la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Su iniciativa busca que los legisladores enfrenten las mismas responsabilidades legales que cualquier ciudadano, reduciendo privilegios y cerrando espacios de impunidad.
La medida ha generado un amplio debate, pues mientras algunos defienden la inmunidad como una herramienta para proteger la labor parlamentaria, otros consideran que se ha convertido en un obstáculo para la justicia. La propuesta se enmarca en un contexto de desconfianza ciudadana tras diversos escándalos de corrupción y abuso de poder.
Implicaciones para la rendición de cuentas
De aprobarse, la eliminación del fuero legislativo marcaría un cambio profundo en el sistema político mexicano. Permitirá que los diputados y senadores sean juzgados sin necesidad de procedimientos especiales, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la justicia.
El debate sobre la permanencia de esta figura constitucional seguirá siendo uno de los temas centrales en la agenda política, especialmente por la presión ciudadana que exige fin a los privilegios y mayor rendición de cuentas en todos los niveles del poder público.