En un acto de protesta sin precedentes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han iniciado un paro indefinido de labores en rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que propone cambios profundos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, ha sido calificada por los manifestantes como “agresiva” y “peligrosa” para la independencia de la justicia en México.
Desde el primer minuto de este lunes, alrededor de 50 trabajadores se congregaron frente al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde desplegaron mantas con mensajes contundentes como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”. En una acción simbólica que refleja la gravedad de la situación, los manifestantes cerraron las puertas de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con cadenas y candados.
El paro de labores, que se ha extendido a diversas entidades del país como el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla, es una respuesta directa a lo que los trabajadores consideran un intento del Ejecutivo Federal de “someter” al Poder Judicial. “Es urgente que sepan que la reforma propuesta pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México”, señala el comunicado difundido por los manifestantes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también ha expresado su preocupación por el nuevo dictamen, que será discutido en el Congreso. Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, destacó que la reforma “borra de un plumazo” los avances y la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la carrera judicial.
Los cambios propuestos en la reforma
El dictamen de reforma al Poder Judicial, que será sometido a votación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, introduce modificaciones significativas al Artículo 17 de la Constitución, transformando de manera radical la estructura del Poder Judicial en México.
Entre los cambios más relevantes, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora. Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial, quedando limitado a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia.
Otro aspecto crucial es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, con la instauración de un proceso de elección ciudadana coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Este nuevo mecanismo de selección implica que los ministros, magistrados y jueces deberán ser electos mediante un proceso público, eliminando el requisito de tener al menos 35 años para ocupar dichos cargos.
Además, la reforma reduce el periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años y elimina su derecho a haber por retiro. Los magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los magistrados de circuito y jueces de distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.
Reacciones y posibles consecuencias
La respuesta de los trabajadores del PJF es un reflejo de la tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un contexto donde la independencia de los poderes es vista como un pilar fundamental de la democracia. Mientras tanto, los juzgadores federales han decidido no sumarse al paro en esta primera etapa, esperando la decisión que tomará el Congreso en los próximos días.
El paro indefinido de los trabajadores judiciales, aunque limitado en su alcance inicial, podría escalar si los juzgadores deciden unirse al movimiento, lo que paralizaría de manera significativa la operación del sistema de justicia en todo el país.
Con la reforma en la antesala del Congreso y la protesta en las calles, México enfrenta un momento crítico en su historia política y judicial. La confrontación entre los poderes podría redefinir no solo la estructura del Poder Judicial, sino también el equilibrio de poder en la nación.
El paro indefinido que comenzó este lunes es un claro mensaje de los trabajadores del Poder Judicial al gobierno federal: no están dispuestos a aceptar reformas que, según ellos, comprometen la independencia judicial y, por ende, los derechos de todos los mexicanos. Con la discusión del dictamen en el Congreso aún pendiente, el futuro de esta reforma y su impacto en el país es incierto, pero seguramente será tema de debate en los próximos días.