Grupos civiles y defensores de derechos humanos han alzado la voz contra la propuesta de Claudia Sheinbaum para transferir operativa y administrativamente la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). La reforma constitucional, que busca modificar la naturaleza civil de la GN y convertirla en una institución militar, ha generado serias preocupaciones sobre la participación de los militares en ámbitos de la vida civil y la posible violación del principio de separación de poderes y la independencia judicial.
El 23 de junio, Sheinbaum anunció esta significativa reforma que pretende entrar en vigor el 1 de octubre de 2024, siguiendo la propuesta inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador presentada el 5 de febrero. La reforma modifica el artículo 21 de la Constitución, permitiendo al Ejecutivo federal disponer de la Fuerza Armada permanente para labores de seguridad pública, y amplía las atribuciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz conforme al artículo 129 de la Constitución.
Voces críticas, como la del Congreso de la Unión, han señalado que estas reformas implican una reestructuración de las relaciones cívico-militares definidas desde 1917. Temen que las Fuerzas Armadas, tradicionalmente subordinadas a la autoridad civil y limitadas a actividades relacionadas con la disciplina militar en tiempos de paz, adquieran facultades excesivas.
Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra han manifestado preocupación por el uso de militares en tareas de seguridad pública en México. Desde 2006, la estrategia militar no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni la violencia, y ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos. La principal crítica se refiere a la militarización de la GN, operada por militares “comisionados”. Se argumenta que la seguridad pública debe estar a cargo de las policías civiles, mientras que el rol de las fuerzas armadas debería limitarse a proteger al Estado de amenazas externas.
Información alarmante muestra que al menos seis de las catorce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México involucran violaciones perpetradas por militares, incluyendo tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Según Amnistía Internacional, esta situación viola tanto el orden jurídico mexicano como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de México.
En este contexto, los opositores han llamado a la próxima presidenta y al Congreso a reconsiderar la iniciativa, argumentando que podría erosionar las obligaciones internacionales de México y transformar radicalmente la estructura de seguridad pública del país. Ambos grupos insisten en la necesidad de que la próxima administración federal implemente un plan de desmilitarización y establezca mecanismos de supervisión eficaces sobre las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que estarían bajo la autoridad civil y solo en situaciones excepcionales y temporales. Además, destacan la importancia de fortalecer y dignificar el trabajo de las policías civiles.
Durante la apertura de un cuartel de la GN en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Sheinbaum reafirmó su compromiso con el plan de López Obrador de incorporar esta institución a la SEDENA, argumentando que el objetivo es fortalecer la seguridad en el país. Sin embargo, esta iniciativa ha provocado controversia. Diversos sectores sociales han expresado su preocupación, argumentando que esta acción podría derivar en una militarización del país. En una conferencia de prensa el pasado 24 de junio, Sheinbaum defendió su postura, afirmando que la estrategia de seguridad será definida en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SEDENA, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Subrayó que la coordinación interinstitucional es esencial para abordar los desafíos de seguridad y garantizar la paz en el territorio nacional.
