La Fiscalía General de la República informó este sábado que varias empresas relacionadas con los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato aún no entregan documentación completa que pruebe su origen, manejo y destino lícitos. El hallazgo ocurrió en una terminal de La Fragua, San José Iturbide, y su magnitud vuelve urgente identificar a los responsables.
Huachicol en Guanajuato: qué aseguró la FGR
La FGR mantiene abierta una investigación por posibles delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación. La dependencia precisó que no todas las compañías vinculadas han acreditado de forma “completa y fehaciente” la legalidad del producto localizado.
El cateo, autorizado por un juez federal, permitió asegurar 10 grandes depósitos, unidades de transporte, contenedores y documentación contable. Según el desglose difundido por la Fiscalía, se contabilizaron 33.5 millones de litros de gasolina regular, 18.2 millones de diésel y 7.2 millones de gasolina premium. La suma ronda los 59.03 millones de litros.
El volumen equivale a aproximadamente 371 mil barriles y se acerca a todo el hidrocarburo incautado en México durante 2025. Por eso, el expediente no puede reducirse a una cifra espectacular: debe aclarar cómo llegó tal cantidad a una sola instalación, qué permisos respaldaban las operaciones, quiénes financiaron el movimiento y cuál era la ruta comercial prevista.
Una pipa abrió la ruta hacia la megaterminal
La investigación comenzó el 3 de julio, cuando fue detenido el conductor de una pipa con 33 mil litros de diésel cuya trazabilidad no pudo acreditar. Esa intervención condujo a diligencias en una gasolinera de San Luis de la Paz, después a un inmueble de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente al complejo de La Fragua.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por EL PAÍS, el conductor es hasta ahora el único detenido conocido y no hubo capturas durante el cateo de la terminal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que habrá detenciones y que la indagatoria está avanzada, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pidió acelerar los resultados.
La actualización divulgada por La Jornada confirma que persiste el punto central: la documentación aportada no basta todavía para demostrar la licitud de toda la cadena. La autoridad también debe establecer si el combustible fue robado directamente a Pemex, importado mediante evasión fiscal o mezclado dentro de una operación comercial que combinaba producto legal e irregular.
El decomiso récord deja preguntas sin respuesta
El Gobierno federal ha presentado el combate al huachicol como una prioridad, pero el tamaño de esta instalación exhibe fallas de supervisión que deberán explicarse. Una terminal con decenas de millones de litros requiere transporte, infraestructura, clientes, facturación y permisos. Si la operación fue ilícita, no pudo sostenerse únicamente con la acción aislada de un chofer.
La investigación también ocurre mientras Pemex enfrenta problemas de producción y refinación. Este medio ha documentado la presión sobre las refinerías de Pemex y las exigencias de resultados ante la caída de la producción petrolera. En ese contexto, cada litro sin trazabilidad representa una posible pérdida fiscal y una distorsión para el mercado formal.
Hasta que la FGR identifique propietarios, operadores, beneficiarios y destino final, el caso seguirá siendo un aseguramiento histórico con responsabilidades pendientes. La rendición de cuentas exige algo más que conservar el combustible: requiere judicializar la red completa, transparentar los permisos revisados y explicar por qué una operación de esa escala no fue detectada antes.







