La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este domingo los programas sociales durante un acto de rendición de cuentas en La Paz, Baja California Sur, donde aseguró que los apoyos son derechos y no una forma de comprar votos. La declaración llega cuando la competencia rumbo a 2027 eleva el escrutinio sobre la separación entre comunicación gubernamental, promoción política y uso imparcial de recursos públicos.
Ante unas cinco mil personas y acompañada por el gobernador morenista Víctor Castro Cosío y autoridades municipales, Sheinbaum afirmó: “Nosotros no compramos votos, damos derechos”. De acuerdo con la crónica publicada por La Jornada, la mandataria sostuvo que los apoyos ahora se entregan de manera directa mediante el Banco del Bienestar, sin preguntar afiliación partidista ni preferencia electoral.
Programas sociales y cifras expuestas en Baja California Sur
Sheinbaum aseguró que 238 mil 413 personas reciben algún programa de bienestar en Baja California Sur y que la transferencia anual asciende a 4 mil 465 millones de pesos. Entre los padrones citó a 68 mil 839 adultos mayores, 15 mil 902 personas con discapacidad y decenas de miles de estudiantes de escuelas públicas beneficiados con becas o apoyos para útiles y uniformes.
La presidenta también enumeró obras y compromisos para la entidad: 47 mil viviendas para población de bajos ingresos, la presa El Novillo en La Paz, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, hospitales en Santa Rosalía y Los Cabos, nuevas plantas de generación eléctrica y la revisión de una desaladora. El formato mezcló un balance administrativo con mensajes políticos sobre la Cuarta Transformación y críticas a gobiernos anteriores.
El Gobierno federal presenta los programas como una ampliación de derechos sociales. Sin embargo, el acto ocurre en un contexto fiscal exigente: el proyecto presupuestario anticipa que la deuda de México seguirá creciendo pese al ajuste para 2027, mientras otros compromisos federales enfrentan presiones operativas, como muestra la caída de la refinación de Pemex frente a la promesa de autosuficiencia.
La rendición de cuentas frente a las reglas electorales
La frase de Sheinbaum no demuestra por sí sola un uso electoral de los apoyos. La discusión relevante es si la comunicación institucional respeta los límites que la ley impone a todas las autoridades. El artículo 134 de la Constitución exige aplicar los recursos públicos con imparcialidad y prohíbe que la propaganda oficial incluya elementos de promoción personalizada de servidores públicos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también establece obligaciones para preservar la equidad. Los programas sociales pueden continuar porque atienden derechos y necesidades permanentes, pero no deben condicionarse al voto ni utilizar padrones, entregas o actos oficiales para favorecer a un partido o candidatura.
La presencia de autoridades emanadas de Morena y el tono partidista del mensaje obligan a documentar con claridad qué recursos financiaron el evento, qué dependencias participaron y cómo se separó la información pública de la promoción política. Esa transparencia es especialmente importante cuando se difunden montos, beneficiarios y obras en plazas públicas ante audiencias movilizadas.
Resultados verificables, el examen pendiente
La defensa gubernamental de los programas sociales debe medirse con padrones auditables, reglas de operación, evaluaciones independientes y resultados comparables. La entrega directa reduce intermediarios, pero no sustituye la fiscalización ni acredita por sí sola que cada apoyo llegue sin sesgos o que las obras anunciadas se terminen en plazo y costo.
Sheinbaum reivindicó además el aumento del salario mínimo y atribuyó a la política social la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza. Son afirmaciones que requieren distinguir entre decisiones federales, evolución del empleo, remesas e inflación. El reto para el Gobierno es sostener el gasto sin deteriorar otras áreas y demostrar, con datos públicos, que sus resultados corresponden al discurso.
En la antesala de 2027, la mejor defensa de los programas sociales no será una consigna, sino reglas claras, auditorías y una comunicación que no confunda derechos financiados por toda la ciudadanía con la identidad electoral del partido gobernante.
Imagen: Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa. EneasMx, vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).







