La reforma de inversión extranjera que el Senado prevé retomar el martes 29 de septiembre incorporaría con voz y voto a Defensa, Marina y Seguridad en la comisión que revisa capital foráneo. El dictamen conserva el filtro por seguridad nacional, pero deja para después el monto que activará la revisión obligatoria, un vacío que mantiene dudas sobre discrecionalidad y certeza jurídica.
Reforma de inversión extranjera amplía el poder de seguridad
La iniciativa presidencial modifica la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para sumar de forma permanente a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera participarían con voz, pero sin voto, cuando se examinen asuntos de seguridad nacional.
El Sistema de Información Legislativa señala que el mecanismo se aplicaría a adquisiciones en las que un inversionista extranjero obtenga más de 49% de una empresa mexicana, supere un umbral de activos y participe en sectores considerados sensibles. Entre ellos están infraestructura estratégica, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, energía, materias primas, seguridad alimentaria y datos personales.
El cambio llega cuando México reporta cifras récord de inversión extranjera directa, aunque el dato agregado oculta una caída de 13% en nuevas inversiones. Por eso, la discusión no es sólo de seguridad: también involucra la capacidad del Gobierno para ofrecer reglas previsibles sin cerrar la puerta a capital productivo.
Umbral pendiente y silencio negativo abren dudas
El dictamen obligaría a la CNIE a resolver cada expediente en 60 días hábiles, con una ampliación de hasta 30 días. Si no existe respuesta al vencer el plazo, la solicitud se entenderá desechada. La comisión podría autorizar la operación, condicionarla a medidas de mitigación o bloquearla por riesgos a la seguridad nacional.
Sin embargo, el umbral económico que activará la revisión obligatoria no aparece definido en la ley. La propia CNIE tendría hasta 180 días después de la entrada en vigor para fijarlo mediante una resolución general. También podría ampliar por vía administrativa el catálogo de actividades sensibles. Ese margen permitiría adaptar el mecanismo a amenazas nuevas, pero también trasladaría decisiones centrales del Congreso a una comisión del Ejecutivo.
La propuesta incluye un informe semestral al Congreso y la posibilidad de comparecencias, controles que el oficialismo presenta como contrapesos. Aun así, especialistas consultados por El Financiero han advertido que la amplitud de los sectores y la facultad para extenderlos requieren reglas claras. También señalan que el modelo busca acercar a México a los filtros existentes en Estados Unidos y Canadá.
El Senado retoma un dictamen aplazado por desacuerdos
Las comisiones unidas del Senado suspendieron la votación prevista para el 23 de septiembre por falta de acuerdos. La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales sostuvo que la revisión de seguridad es válida en casos específicos, pero rechazó que las Fuerzas Armadas formen parte permanente del órgano que decide sobre inversión extranjera, según informó El Universal.
El senador morenista Emmanuel Reyes Carmona afirmó este domingo que el dictamen está listo para volver a comisiones el martes sin cambios esenciales. La mayoría deberá explicar por qué el voto militar es indispensable en todos los expedientes de seguridad y cómo impedirá que el concepto de “riesgo” se utilice de forma discrecional.
El debate coincide con la revisión del T-MEC y con la decisión del Gobierno de prometer más compras a Estados Unidos sin detallar sectores. También ocurre después de una semana de presión sobre el peso mexicano y el diferencial de tasas. La seguridad económica es un objetivo legítimo; la rendición de cuentas exige que los criterios, plazos y umbrales sean públicos antes de que una comisión con participación militar pueda frenar operaciones privadas.







