La Suprema Corte invalidó el reparto de regidurías de Puebla capital que asignaba 11 espacios de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional. La resolución del 5 de noviembre golpea una reforma impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados: el problema no era sólo cuántos cargos tendría el Ayuntamiento, sino cuánto espacio dejaba a las fuerzas minoritarias para participar en sus decisiones.
Regidurías de Puebla: el límite a la mayoría
La acción de inconstitucionalidad 109/2026 fue promovida por el PAN. Según el comunicado de la Corte reproducido íntegramente por Puebla Online, la invalidez se refiere a disposiciones del Código electoral y de la Ley Orgánica Municipal, exclusivamente en lo relacionado con la integración del Ayuntamiento de la capital.
La conclusión fue que la distribución concentraba excesivamente las regidurías en la fuerza mayoritaria y restringía sin justificación suficiente la representación de las minorías. La libertad del Congreso local para diseñar el Cabildo no es un cheque en blanco frente al pluralismo político.
El fallo no destituye al Ayuntamiento actual ni elimina todas las reformas del paquete. Tampoco declaró inválido el procedimiento legislativo: el comunicado señala expresamente que se respetaron las condiciones de participación y deliberación parlamentaria. Confundir ese punto convertiría una crítica sustentada en una acusación incorrecta.
Se defendió como armonización y austeridad
El boletín 1961 del Congreso de Puebla, del 24 de julio de 2026, permite revisar lo que se aprobó. Presentó los cambios como una armonización constitucional, fijó un máximo de 15 regidurías y consignó para la capital el esquema de 11 de mayoría y cuatro proporcionales, además de la presidencia municipal y la sindicatura.
La versión institucional también registró el desacuerdo: Susana Riestra y Delfina Pozos reclamaron mayor pluralidad. Por su parte, María Soledad Amieva defendió que la modificación no respondía a intereses particulares y aportaba certeza jurídica. Esos argumentos forman parte del debate original, no de una respuesta posterior al fallo.
La crónica de Reto Diario sobre la aprobación identifica el respaldo de Morena, PT, Verde y Fuerza por México. Recoge que legisladores morenistas defendieron la austeridad y la posibilidad de destinar recursos de nómina a obras y servicios, mientras la oposición advertía que se debilitaban los contrapesos.
La objeción constitucional no significa que cualquier reducción de cargos sea ilegal. El cuestionamiento se concentra en cómo se reparte la representación dentro del límite establecido. Ahorrar y garantizar pluralidad no son obligaciones excluyentes.
Qué cambia para la elección de 2027
La cobertura de La Jornada del 5 de noviembre explica que para la próxima elección se contemplan 10 regidurías de mayoría relativa y cinco proporcionales. El Congreso deberá adecuar la legislación una vez concluido ese proceso. El fallo preserva la participación minoritaria sin convertirla en mayoría automática.
Para la ciudadanía, no es una discusión decorativa: importa quién puede intervenir y debatir las decisiones municipales. La mayoría legislativa que aprobó el diseño tendrá que corregirlo, no limitarse a rebautizarlo como modernización.
El escrutinio de las decisiones del oficialismo también está presente en el reparto de comisiones del Senado. En otro ámbito de responsabilidad pública, los robos violentos a transportistas en Puebla muestran por qué los balances gubernamentales deben confrontarse con resultados verificables.
Tener los votos para aprobar una ley no garantiza que su contenido resista el examen constitucional. La mayoría ganó la votación legislativa, pero perdió esta parte del examen constitucional.







