El Gobierno federal cedió 36 hectáreas de zona marítima en Bahía Catalina, al sur de Guaymas, Sonora, a Amigo LNG para construir una terminal de gas natural licuado. El contrato se otorgó sin licitación pública y antes de que existiera autorización ambiental. El proyecto, respaldado por los gobiernos federal y estatal, enfrenta ahora una suspensión judicial que mantiene temporalmente sin efectos el permiso ambiental.
Amigo LNG obtuvo una cesión directa por 18 años
La Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, entidad pública adscrita a la Secretaría de Marina, firmó en abril de 2025 el contrato de cesión parcial de derechos con Amigo LNG, filial mexicana de la empresa texana Epcilon LNG. El convenio concede el uso de 36 hectáreas de zona marítima para construir y operar una terminal especializada.
De acuerdo con una investigación publicada este 29 de septiembre por EL PAÍS, la adjudicación fue directa. La justificación fue que la empresa posee un terreno colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre. El contrato durará 18 años y puede prorrogarse por un periodo igual.
Amigo LNG deberá pagar cada año el equivalente a 12% del valor del área y 10 pesos por cada tonelada de gas licuado procesada o movilizada. El volumen mínimo pactado parte de 250 mil toneladas en el primer año y llega a 3.7 millones anuales desde el décimo, equivalente a entre 50 y 60 grandes buques metaneros.
La Marina respondió al diario que no era obligatorio contar con el permiso ambiental antes de firmar, porque la autoridad ambiental solicita el contrato para acreditar la relación jurídica con el terreno. El propio convenio prohíbe iniciar obras si no se obtiene la autorización correspondiente.
El permiso ambiental de Amigo LNG queda bajo revisión
La empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental en noviembre de 2025 y recibió autorización en abril de 2026. Sin embargo, un juez federal concedió la semana pasada una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido por la organización Nuestro Futuro. La medida mantiene temporalmente sin eficacia habilitante esa autorización mientras se resuelve el fondo del litigio.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente indicó que todavía no había sido notificada formalmente y explicó que la suspensión podría mantenerse hasta la sentencia. También negó haber ocultado el permiso al juzgado, después de que en mayo informó que aún no se sabía si la evaluación sería resuelta de manera favorable o desfavorable.
El caso se suma al debate sobre la política energética. Este medio documentó que el plan petrolero federal abre espacio a inversión privada y al gas no convencional, mientras el presupuesto climático de 2027 sufrió un recorte de 50 mil millones de pesos.
Información reservada y riesgos en el Mar de Cortés
Parte de la Manifestación de Impacto Ambiental y de las opiniones técnicas solicitadas por la Agencia permanece reservada durante cinco años bajo argumentos de seguridad nacional y energética. Esa opacidad limita el escrutinio público de una obra ubicada en el Golfo de California, sitio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial Natural.
Dictámenes citados por EL PAÍS de la Universidad de Colima y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada cuestionaron la profundidad de la información técnica y advirtieron riesgos climáticos. La zona alberga una alta diversidad de mamíferos marinos, incluida la vaquita marina.
En Estados Unidos, el Departamento de Energía registra la solicitud de Epcilon LNG para enviar a México hasta 1.083 mil millones de pies cúbicos diarios de gas y reexportarlo como GNL desde Sonora. La empresa presenta la instalación como una plataforma de exportación hacia Asia.
Respaldo presidencial y una inversión de 6,800 millones
En febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo anunciaron una inversión prevista de 6,800 millones de dólares, unos 130 mil millones de pesos. Sheinbaum se comprometió entonces a agilizar los permisos en un mes. El Gobierno sostiene que la terminal impulsará exportaciones y cabotaje; las organizaciones promoventes del amparo exigen que los riesgos ambientales y sociales sean evaluados con información completa.
La disputa no cancela definitivamente Amigo LNG, pero obliga a revisar la validez del permiso ambiental antes de que la obra avance. La adjudicación sin concurso, la reserva de documentos técnicos y la contradicción temporal entre el respaldo político y la revisión judicial colocan el proyecto bajo un escrutinio que apenas comienza.
Imagen destacada: buque metanero en una terminal de gas natural licuado en Melkøya, Noruega. Fotografía de JoachimKohlerBremen, vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagen ilustrativa; no corresponde al proyecto Amigo LNG.







