Vista aérea del Palacio Legislativo de San Lázaro en Ciudad de MéxicoPalacio Legislativo de San Lázaro. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La reforma de doble nacionalidad que obliga a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a renunciar a otra ciudadanía superó esta semana el Congreso federal y la mayoría de las legislaturas estatales. El cambio, impulsado por Claudia Sheinbaum y Morena, entraría en vigor en 2028 y abre una disputa sobre soberanía, derechos políticos y competencia electoral.

Qué cambia la reforma de doble nacionalidad

El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Su regla central es que las personas con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina.

La iniciativa también establece que quien ocupe alguno de esos cargos no podrá adquirir otra nacionalidad, invocar ante una autoridad extranjera una ciudadanía distinta de la mexicana, utilizar pasaportes extranjeros para ejercer derechos políticos ni acogerse a protección diplomática de otro país.

No se trata de una prohibición general de la doble nacionalidad para la población mexicana. La restricción se concentra en las titularidades de los poderes ejecutivos federal y estatales. La Presidencia presentó la propuesta el 27 de agosto bajo el argumento de evitar conflictos de lealtad e injerencias extranjeras.

Después de pasar por ambas cámaras, el cambio obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresos estatales. De acuerdo con Reuters, resta la declaratoria formal de constitucionalidad y la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Soberanía frente a derechos políticos

Sheinbaum sostiene que las máximas autoridades ejecutivas deben responder únicamente a México. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo respaldaron ese razonamiento. En el Senado, el dictamen recibió 86 votos a favor y 42 en contra, según el registro legislativo reportado tras la sesión.

La oposición cuestionó la necesidad de la reforma y advirtió que puede restringir los derechos políticos de mexicanos con doble ciudadanía. El PAN sostuvo que la medida envía un mensaje adverso a migrantes y familias binacionales. Morena respondió que el requisito se limita a tres tipos de cargos y no disminuye la nacionalidad mexicana de quienes poseen otra.

La rapidez del proceso también alimentó críticas. La reforma avanzó por el Congreso y las legislaturas locales en pocos días, con las mayorías del oficialismo. Esa velocidad reduce el margen para discutir problemas prácticos, entre ellos los países que dificultan o impiden renunciar a su ciudadanía y la forma en que las autoridades mexicanas verificarán una renuncia efectiva.

Efectos políticos a partir de 2028

La nueva condición no se aplicará a las elecciones locales de 2027. Comenzará a operar en 2028, por lo que tampoco modifica de inmediato la disputa por candidaturas ni el escenario de reelección de legisladores de Morena previsto para el próximo proceso federal.

Reuters recogió señalamientos de que la reforma podría afectar a futuros aspirantes, incluido el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha insinuado ambiciones políticas. Sin embargo, el propio Salinas negó poseer doble nacionalidad y la agencia no pudo confirmar que cuente con otra ciudadanía. Por ello, presentar la reforma como dirigida de manera comprobada contra una persona específica excede la evidencia pública disponible.

El Congreso deberá ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras los estados tendrán que armonizar sus normas. El Sistema de Información Legislativa fija un plazo de 90 días para esas adecuaciones.

La discusión se suma a una agenda de reformas impulsadas desde el Ejecutivo y el bloque oficialista, incluidas propuestas recientes sobre regulación de contenido violento en plataformas digitales. En este caso, la prueba central será si las leyes secundarias ofrecen reglas verificables y vías de impugnación suficientes para evitar que una bandera de soberanía termine convertida en una barrera electoral discrecional.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.