Comparecencia de Salud: el cierre al gabinete desata choque

La comparecencia de Salud del 6 de noviembre en la Cámara de Diputados quedó atravesada por una disputa sobre quién tendría la última palabra: los legisladores o los funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum. PAN y PRI cuestionaron el formato y abandonaron el encuentro. Morena defendió la conducción de los trabajos, mientras reclamos sobre medicamentos y atención médica competían con gritos y pancartas.

Comparecencia de Salud: las preguntas también dependen del formato

Los cuatro funcionarios convocados eran David Kershenobich, secretario de Salud; Zoé Robledo, director del IMSS; Martí Batres, titular del ISSSTE, y Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar. Debían comparecer ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Según el testimonio de los priistas Gerardo Sánchez y Mónica Elizabeth Sandoval, reproducido por Talla Política con crédito a la Cámara de Diputados, su bancada y el PAN solicitaron modificar el orden para que los diputados cerraran las intervenciones. Sánchez afirmó que la mayoría rechazó el cambio y calificó el ejercicio como preparado en favor de los funcionarios.

Esa es una acusación de la oposición, no una resolución sobre la legalidad del encuentro. El hecho comprobable es la controversia por el cierre y el retiro de legisladores inconformes. Un examen del Ejecutivo pierde fuerza cuando sus reglas se vuelven el conflicto central antes de discutir las respuestas.

Morena reconoce la recomendación, pero invoca autonomía

La versión difundida por la bancada de Morena recoge una precisión relevante de Ricardo Monreal: la Junta de Coordinación Política recomendó procurar que las intervenciones finales correspondieran a los legisladores. El coordinador también sostuvo que cada comisión conserva autonomía para determinar formatos que sus integrantes ya aprobaron.

La explicación muestra que existían dos planos distintos: una recomendación de coordinación política y las decisiones internas de las comisiones. No acredita, por sí misma, una violación reglamentaria; tampoco borra el costo político de mantener un formato que la oposición objetaba para interrogar al gabinete.

Monreal lamentó que no se aprovechara íntegramente la presencia de los funcionarios, defendió su disposición a responder y llamó a la civilidad. Reconoció el derecho de los diputados a formular críticas y planteó revisar la asistencia de invitados. Es la respuesta oficialista disponible, no una aceptación de todas las denuncias opositoras.

Los pacientes necesitan respuestas, no una victoria de micrófono

El reporte de Excélsior del 7 de noviembre documenta el intercambio de acusaciones entre Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, y Pedro Zenteno, de Morena. El primero reclamó una ronda final para cuestionar al gabinete; el segundo lo acusó de intentar reventar la comparecencia. Kershenobich rechazó que el ejercicio estuviera arreglado y aseguró que acudía a mostrar resultados y escuchar al Legislativo.

Frente a las críticas, el IMSS presentó su propia respuesta institucional: una inversión anunciada de 11 mil 745 millones de pesos para el plan de 12 acciones en 120 días y un compromiso de evaluar avances por hospital y servicio. Son compromisos que requieren seguimiento, no resultados automáticamente demostrados por enunciarlos.

Esta controversia no sustituye la discusión sobre las recetas incompletas y los faltantes reconocidos por el IMSS, ni las preguntas sobre los trámites de urgencias que el ISSSTE promete eliminar. La mayoría puede ganar una votación de procedimiento; los pacientes no obtienen medicinas ni citas con esa victoria. La rendición de cuentas se mide por respuestas contrastables y por lo que cambia en la atención, no por quién conserva el micrófono al final.