Aleida Alavez encabeza una mesa pública de trabajo en IztapalapaAleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, durante una mesa pública de trabajo. Foto: Especial, vía El Heraldo de México.

La alcaldía Iztapalapa acumuló más de mil millones de pesos en adjudicaciones directas entre 2025 y junio de 2026, según una revisión de contratos públicos. La mayoría de los convenios se otorgó sin licitación abierta, una práctica legal bajo determinadas excepciones, pero que obliga al gobierno de Aleida Alavez a justificar por qué redujo la competencia entre proveedores.

Adjudicaciones directas en Iztapalapa superan mil millones

Una investigación de Reporte Índigo, basada en información de la Plataforma Nacional de Transparencia, identificó 238 contratos adjudicados directamente desde enero de 2025 hasta junio de 2026. El monto conjunto reportado fue de mil 1 millones 849 mil 489 pesos.

Durante 2025, la demarcación firmó 288 contratos para bienes, servicios y obra pública. De ellos, 195 —el 67.7% por número de convenios— fueron asignados sin concurso abierto. Esos contratos representaron 716 millones 191 mil 908 pesos.

En el primer semestre de 2026, Iztapalapa celebró otros 64 contratos: 43 mediante adjudicación directa, 16 por invitación restringida y apenas cinco mediante licitación pública. Las asignaciones directas de ese periodo sumaron 285 millones 657 mil 581 pesos.

Los registros pueden consultarse en el portal de transparencia de Iztapalapa, que publica los procedimientos por trimestre y separa la información de la Dirección General de Administración y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

El límite del 20% no cubre todas las excepciones

La cifra requiere una precisión jurídica. El artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal establece que las operaciones realizadas bajo ese artículo no deben exceder 20% del volumen anual autorizado. Sin embargo, el propio texto excluye de ese cálculo las adjudicaciones sustentadas en los artículos 54 y 57, que contemplan supuestos especiales.

Por eso, que 67% de los contratos se haya entregado directamente no prueba por sí solo una violación al límite. Sí revela una dependencia extraordinaria de procedimientos sin competencia abierta y vuelve indispensable conocer la justificación concreta, el estudio de mercado y el dictamen aplicado en cada caso.

Un acta oficial del Comité de Adquisiciones de Iztapalapa ayuda a dimensionar el problema. Para el cierre de 2025 registró 615.7 millones de pesos en adjudicaciones directas bajo el artículo 54 y 42.5 millones bajo el artículo 55. En contraste, las licitaciones públicas asentadas en ese cuadro sumaron 14 millones de pesos.

El artículo 54 permite prescindir de la licitación cuando ésta no resulte idónea por causas específicas, como exclusividad técnica, riesgo para servicios públicos o procedimientos previamente declarados desiertos. La misma norma exige autorización y una justificación fundada y documentada. Es decir, la excepción existe, pero no elimina la obligación de demostrar que ofreció las mejores condiciones para el erario.

Transparencia y respuesta pendiente

La administración de Aleida Alavez no había difundido una respuesta pública específica al reporte al cierre de esta nota. La alcaldía sí ha defendido que su gasto se dirige a infraestructura hidráulica, servicios urbanos y programas sociales, pero todavía debe explicar por qué una proporción tan alta de contratos evitó la licitación y qué controles utilizó para comparar precios.

El debate rebasa a Iztapalapa. La eliminación del antiguo órgano autónomo de transparencia mantiene abierta la discusión sobre los contrapesos en el uso del dinero público, tema que también aparece en la propuesta para restaurar una institución nacional independiente. Casos como la entrega de bienes públicos sin licitación muestran por qué la publicidad de contratos y anexos es esencial para distinguir una excepción legal de una decisión discrecional.

La pregunta central no es únicamente cuántos contratos se adjudicaron directamente, sino si cada expediente acredita competencia de precios, capacidad del proveedor y beneficio público. Sin esos elementos visibles, el volumen de recursos asignado sin concurso deja un déficit de rendición de cuentas.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.