Un oficio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que Broxel mantiene pendientes de reintegro aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 entes federales, tras recibir pagos en exceso por contratos de vales de despensa de 2025. El documento, fechado el 10 de noviembre, desaconseja autorizarle un crédito de hasta 4,200 millones. La empresa sostiene que cumplió sus obligaciones y cuestiona el documento difundido.
Broxel: sobrepagos en contratos del gobierno federal
La advertencia consta en la copia del oficio 223/DGPCMC/352/2026, publicada por 24 HORAS junto con sus tres páginas. Está dirigida al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext y aparece firmada por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 y comisario público propietario.
El expediente se refiere a la licitación federal LA-06-400-006400001-N-19-2025, convocada por Hacienda para suministrar vales electrónicos de despensa como prestación de fin de año. Según el oficio, después de la adjudicación Broxel celebró contratos con más de 150 entes públicos en condiciones distintas de las ofertadas.
La observación no es una diferencia de estilo administrativo: el órgano de vigilancia afirma que esas condiciones dieron lugar a recursos públicos que no correspondían a la empresa. El saldo de 29.4 millones era el pendiente señalado al 10 de noviembre, pese a los requerimientos de devolución. No debe confundirse con el valor completo de los contratos ni presentarse como dinero definitivamente perdido.
El gobierno federal queda también bajo escrutinio: hubo dependencias que pagaron de más y después tuvieron que reclamar devoluciones. La rendición de cuentas exige conocer qué controles fallaron, cuánto se ha recuperado y qué responsabilidades resultan acreditadas. Un requerimiento de reintegro no sustituye el dinero de vuelta en las arcas públicas.
Un crédito de 4,200 millones bajo advertencia
La solicitud contemplaba estructurar y sindicar una línea para capital de trabajo corporativo, con participación inicial de Bancomext de hasta el 100% del monto autorizado. El oficio estaba destinado a la sesión extraordinaria del 10 de noviembre, prevista para las 18:30 horas.
La dependencia recomendó no autorizarla para evitar trasladar al gobierno federal los riesgos de la empresa. No equivale, por sí sola, a un acta definitiva de rechazo ni demuestra que el préstamo se haya desembolsado. W Radio documentó la advertencia y el posible conflicto de interés incluido en el expediente.
Ese señalamiento alude al parentesco por consanguinidad entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda. El oficio recuerda el paso previo del funcionario por Bancomext y su licencia sin goce de sueldo. El parentesco amerita revisión, pero no prueba por sí mismo que haya intervenido para favorecer el crédito.
La respuesta de Broxel y lo que sigue abierto
En su posicionamiento institucional del 12 de noviembre, la compañía aseguró haber satisfecho los requisitos de la licitación, entregado los vales y atendido todos los requerimientos de las dependencias. También sostuvo que su oferta incorporó una bonificación superior a 480 millones de pesos en beneficio del gobierno.
Broxel afirmó que no había sido notificada del oficio citado en medios y que desconocía su autenticidad e integridad. Esa objeción debe quedar expresamente consignada: la copia permite revisar los señalamientos, pero no borra la controversia planteada por la empresa.
El documento describe procedimientos administrativos todavía en trámite, susceptibles de terminar en sanciones o restricciones para obtener nuevos contratos. No contiene una sentencia penal ni una resolución firme de responsabilidad. La exigencia al poder es concreta: transparentar pagos, recuperaciones y decisiones crediticias, sin convertir una investigación en culpabilidad anticipada.
Esta revisión continúa el seguimiento a las contrataciones de Bienestar vinculadas con Grupo Maferefun y a las revisiones de contratos del INE por la ASF: son expedientes distintos, unidos por la obligación de explicar el uso del dinero público.







