Fachada del Palacio de Justicia de JaliscoPalacio de Justicia de Jalisco, en Guadalajara. Foto: SergioYalu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Una nueva orden contra Rocha Cantú fue librada por un juez federal contra el accionista mayoritario de Miss Universo, su hijo y otras cuatro personas. La Fiscalía General de la República los investiga por delincuencia organizada y una presunta red que habría lavado cerca de 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025 mediante empresas fachada y transferencias sin justificación comercial.

Nueva orden contra Rocha Cantú detalla presunta red financiera

Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, autorizó las capturas de Raúl Rocha Cantú; su hijo, Mauricio Jesús Rocha Botello; Andrés Javier Vázquez Ruiz; Alberto Charlan Salazar; Heliodoro Vargas Durán, y Luis Aquilino Vásquez. La resolución incluye imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La información fue publicada inicialmente por Reforma y retomada este 18 de octubre por Aristegui Noticias y El País. Una orden de aprehensión no equivale a una sentencia: las acusaciones deberán probarse ante tribunales y todos los señalados conservan la presunción de inocencia.

Seis empresas y tres niveles de dispersión

Los reportes que citan documentos de la FGR describen un esquema de tres etapas. En la primera, 17 empresas sin infraestructura, personal ni capacidad operativa habrían enviado recursos a GI Euromex. En la segunda, esa sociedad habría concentrado y dispersado el dinero hacia cuentas de los principales investigados. En la tercera, los receptores habrían transferido fondos a terceros sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara los movimientos.

La indagatoria atribuye a GI Euromex depósitos por mil 830 millones de pesos entre febrero de 2015 y diciembre de 2025. Impulsora Eagle habría recibido otros 762.7 millones, mientras que cuentas vinculadas directamente a Rocha Cantú registraron depósitos por unos 125 millones. Las otras sociedades señaladas son Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur y dos operadoras de alimentos y bebidas.

La mención de compañías no demuestra por sí misma un delito. El punto que la Fiscalía deberá acreditar es el origen ilícito del dinero, el conocimiento de los beneficiarios y la ausencia de operaciones reales que justificaran las transferencias. La causa también obliga a revisar los controles bancarios aplicados durante más de una década.

El antecedente del criterio de oportunidad

Esta es la segunda orden de captura reportada contra el empresario. La primera deriva de otra causa por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos. Rocha Cantú recibió anteriormente un criterio de oportunidad para colaborar con la FGR, pero el beneficio fue revocado después de que la autoridad señalara incumplimientos.

En su sitio oficial, el empresario sostiene que las acusaciones no constituyen conclusiones judiciales, reivindica su derecho al debido proceso y afirma que respeta y coopera con las instituciones. La página no contiene, hasta la publicación de esta nota, una respuesta específica a los montos y empresas incluidos en la nueva orden.

La FGR debe explicar por qué el caso cambió

El expediente aparece en un contexto de investigaciones federales por contrabando de combustibles y lavado. Enrique Muñoz News ha documentado el procesamiento del “Capitán Sol” por una red de huachicol fiscal y las anomalías atribuidas a un delegado de la FGR en un decomiso de combustible. Son causas distintas, pero muestran la necesidad de transparentar cómo se protegen las investigaciones frente a conflictos internos.

La nueva orden plantea una pregunta institucional adicional: por qué la Fiscalía consideró antes a Rocha Cantú un colaborador útil y después lo ubicó como presunto líder de otra estructura financiera. Ernestina Godoy, titular de la FGR, debe explicar los controles aplicados al criterio de oportunidad, la evidencia recibida y las razones jurídicas de su cancelación sin afectar el debido proceso.

La captura, por sí sola, no resolvería el caso. La rendición de cuentas dependerá de que la Fiscalía sostenga la acusación con pruebas bancarias, fiscales y corporativas, y de que el proceso aclare quién originó, concentró y recibió los recursos investigados.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.