Sede del Senado de la República. Fotografía: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rechazaron una solicitud del Senado para que legisladores usaran el Salón de Protocolo en días de sesión. La negativa, sustentada en razones de seguridad, frenó un beneficio reservado a la atención diplomática y abrió una disputa sobre privilegios, austeridad y responsabilidad política dentro de la Cámara alta.
El Senado pidió el salón diplomático del AICM
El oficio fue enviado el 5 de octubre al canciller Roberto Velasco. Lo firmó Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, quien señaló actuar por instrucciones de sus integrantes. El documento pidió “facilidades” para que senadoras y senadores pudieran acceder y utilizar el Salón de Protocolo cuando sus traslados aéreos estuvieran relacionados con las sesiones legislativas.
La justificación fue facilitar el cumplimiento de las responsabilidades parlamentarias y mejorar la coordinación de los desplazamientos. Sin embargo, el escrito no detalló qué legisladores tendrían acceso, qué filtros se aplicarían, cuántas personas podrían acompañarlos ni si la medida implicaría costos adicionales. La petición se conoció públicamente después de que la senadora priista Claudia Anaya difundiera el documento.
La Jornada confirmó la autenticidad del oficio y reportó que la sala es utilizada para atención diplomática. La controversia coincide con un debate más amplio sobre los límites de los beneficios institucionales, mientras el Congreso examina asuntos de gasto y control como la Cuenta Pública 2024.
Cancillería y AICM rechazaron la solicitud por seguridad
La respuesta cerró la puerta al planteamiento. De acuerdo con Excélsior, la Cancillería y el AICM comunicaron al Senado que el acceso no podía autorizarse por motivos de seguridad. Tras la negativa, la Cámara alta decidió no insistir y los legisladores no comenzaron a utilizar el espacio.
La decisión importa porque el Salón de Protocolo no funciona como una sala comercial de aerolínea. Está vinculado con recepciones y traslados sujetos a controles especiales. Ampliar su uso habría requerido reglas claras de acceso, trazabilidad y responsabilidad, elementos que no aparecían desarrollados en el oficio divulgado.
El episodio también muestra un contraste con el discurso de austeridad que distintos grupos parlamentarios invocan al discutir presupuesto y gasto público. Ese contraste ya está presente en otros debates legislativos, como la aprobación acelerada de la Ley Aduanera, donde la transparencia sobre procedimientos y facultades ha sido una exigencia recurrente.
Versiones encontradas sobre quién promovió el beneficio
Claudia Anaya se deslindó de la solicitud pese a formar parte de la Mesa Directiva y atribuyó el impulso a legisladores de Morena. No obstante, Excélsior informó, con base en integrantes de ese órgano, que la gestión surgió a petición de bancadas opositoras después de que dos senadoras presentaran lesiones físicas. Ninguna de las dos versiones ha sido acompañada por una minuta pública que identifique quién propuso la medida o cómo se acordó tramitarla.
La divergencia impide asignar responsabilidad únicamente por afiliación partidista. Lo comprobable es que la Secretaría Técnica envió el oficio en nombre de la Mesa Directiva y que la autoridad federal lo rechazó. El Senado podría despejar la controversia publicando el acuerdo interno, la respuesta completa y las reglas aplicables al Salón de Protocolo.
Una negativa que no resuelve la falta de rendición de cuentas
El rechazo evitó que el beneficio se implementara, pero no responde por qué una solicitud institucional avanzó sin criterios públicos ni comunicación previa de sus alcances. La discusión resulta especialmente sensible cuando el propio Congreso mantiene excepciones en otras materias, como ocurrió con la reforma de nacionalidad única que no alcanzó a legisladores.
El País reportó que el planteamiento fue discutido por representantes de Morena, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano. La rendición de cuentas exige separar acusaciones partidistas de documentos verificables: quién pidió el acceso, bajo qué fundamento, con qué controles y por qué se consideró apropiado extender una facilidad diplomática a representantes populares.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
