La protección de datos personales y la suplantación biométrica centraron una mesa del Senado cuyos planteamientos difundió este lunes 26 de octubre el Canal del Congreso. Especialistas y legisladores advirtieron sobre la información que se entrega al usar aplicaciones móviles. El debate importa porque la seguridad digital requiere obligaciones y controles efectivos, además de recomendaciones para que los usuarios lean las condiciones.
Datos personales bajo la lupa del Senado
El reporte institucional publicado el 26 de octubre recoge intervenciones de la Jornada de Seguridad Digital Ciudadana. Juanita Guerra Mena, del PVEM, pidió prevenir delitos en plataformas y proteger la privacidad con regulación clara.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, pidió proteger identidad, privacidad y derechos con perspectiva de género. Elizabeth Peña Jáuregui, especialista en tecnología y asuntos corporativos, pidió revisar las condiciones de las aplicaciones porque pueden autorizar acceso a información biométrica y otros datos.
Mauro Francisco Castillo Collado, de AT&T México, destacó programas de educación digital en escuelas de Ciudad de México y Monterrey. Esas intervenciones describen una agenda de prevención; el reporte no presenta una evaluación que permita medir cuánto han reducido los incidentes.
La protección de menores tiene una vía legislativa distinta
La discusión coincide con otro proceso que debe distinguirse del foro. El 20 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad una reforma sobre los datos de niñas, niños y adolescentes. Según la cobertura de La Jornada, recibió 100 votos favorables y se remitió a la Cámara de Diputados para continuar su trámite. Esa votación no equivale, por sí sola, a su publicación y entrada en vigor.
El proyecto plantea obtener consentimiento expreso y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad o tutela para tratar datos de menores. También contempla verificación de edad, limitar la información recabada a la necesaria para su finalidad y evitar perfiles automatizados destinados a publicidad personalizada o explotación comercial dirigida a esa población.
Al presentar el dictamen, Manuel Huerta Ladrón de Guevara explicó que una fotografía, una búsqueda, un videojuego o una aplicación pueden revelar gustos y hábitos, y permitir construir perfiles sin que las infancias comprendan el alcance de esa actividad. La respuesta propuesta se dirige a los responsables del tratamiento de datos, no únicamente a las familias.
Advertencias públicas no sustituyen resultados verificables
Desde la rendición de cuentas, conviene separar tres cosas: difundir recomendaciones, aprobar una iniciativa en una cámara y demostrar que existen mecanismos eficaces de protección. Son pasos diferentes. Ni la celebración de una jornada ni el consenso de una votación acreditan automáticamente que las aplicaciones hayan cambiado sus prácticas.
Una evaluación pública tendría que permitir conocer responsables, finalidades de la recolección, medidas de supervisión y vías para reclamar. Esa exigencia también aparece en el debate sobre el decreto de protección de menores en plataformas. La pregunta no es sólo qué se promete, sino cómo podrá comprobarse el cumplimiento.
En paralelo, la transición hacia pagos digitales amplía la discusión sobre inclusión y derechos. Como criterio de política pública, facilitar servicios y proteger información deberían evaluarse juntos: adoptar más herramientas no demuestra, por sí mismo, que sean seguras. El seguimiento deberá identificar qué medidas pasan de los discursos a prácticas observables, sin dar por resueltos los riesgos que el propio Senado reconoce.
Fotografía de archivo: vista aérea del Senado de México, 26 de septiembre de 2023; no corresponde al foro. ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0. Versión reducida para web.







