Sede de la SCJN en 2011. Foto: Fernando Braulio Del Prado Monroy / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Recorte horizontal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 28 de octubre que los municipios de Veracruz deben evaluar los riesgos de la pirotecnia para niñas, niños y adolescentes con autismo e hiperacusia antes de autorizarla. El fallo, originado en Teocelo, obliga a negar permisos si no puede prevenirse el daño y cuestiona que cumplir un horario baste para proteger la salud.
Pirotecnia: el horario no sustituye la evaluación del riesgo
El Pleno aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el amparo en revisión 73/2026. Según la información publicada por La Jornada, el caso surgió después de que una madre impugnara la respuesta municipal y el artículo 10 de la Ley contra el Ruido de Veracruz por las afectaciones que las detonaciones provocaban a su hija.
La Corte mantuvo la validez de la disposición estatal, pero precisó cómo debe aplicarse. La norma permite el uso de cohetes durante festividades tradicionales entre las seis de la mañana y las once de la noche, sujeto a licencia y a las circunstancias del caso. Esa franja no equivale a una autorización general para detonar artefactos durante diecisiete horas.
La decisión se suma a otros asuntos sobre protección de la salud revisados por el tribunal, entre ellos el veto a comida chatarra en universidades. Son litigios distintos, aunque ambos delimitan obligaciones de las autoridades frente a actividades permitidas o habituales.
La respuesta del ayuntamiento resultó insuficiente
De acuerdo con el reporte de Uno TV, la madre había solicitado medidas ante las crisis sensoriales que el ruido ocasionaba a la niña. El ayuntamiento respondió con una recomendación de respetar el horario legal y contar con licencia, sin resolver de manera suficiente la afectación denunciada.
La revisión de permisos deberá considerar la cantidad de artefactos, sus características y potencia sonora. También importan el lugar, la duración de la quema, la secuencia de detonaciones y el horario. No se trata únicamente de comprobar que existe una fiesta tradicional, sino de determinar qué consecuencias tendría la autorización en su entorno.
El punto decisivo es la posibilidad real de prevenir daños: cuando las medidas disponibles no sean suficientes para evitar el riesgo a la salud, la licencia debe negarse. La sentencia no establece una prohibición general de los fuegos artificiales ni elimina por sí misma las celebraciones comunitarias.
La obligación pasa de recomendar a justificar cada permiso
En su explicación pública del fallo, reproducida por Ejecentral, la SCJN destacó que los sonidos intensos pueden afectar de manera diferenciada a personas en el espectro autista. Cuando están involucrados menores de edad, la protección exigida a las autoridades es reforzada.
El criterio parte del modelo social de la discapacidad: identificar barreras del entorno y evitar que impidan participar en igualdad de condiciones. En este caso, la evaluación no puede agotarse en constatar que los cohetes forman parte de una costumbre. Debe incorporar a quienes sufren efectos adversos por el ruido.
La responsabilidad municipal también aparece en otros expedientes, como los cobros municipales sin sustento técnico. Aquí la exigencia es distinta: justificar una licencia desde la protección de la salud. El alcance práctico del fallo dependerá de que ese análisis se refleje en las autorizaciones y no quede reducido a recomendaciones generales.
Fotografía de archivo de la sede de la SCJN, tomada el 14 de mayo de 2011. Crédito: Fernando Braulio Del Prado Monroy, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY 3.0. Recorte horizontal para esta publicación.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
