Juan Miguel Ramírez, al centro, con integrantes del Consejo Directivo del IMIPE el 28 de agosto de 2026. Archivo: Gobierno de Celaya. La imagen no documenta las denuncias ni implica a los demás asistentes.
Los despidos en Celaya de tres trabajadores municipales abrieron el 30 de octubre un cruce de acusaciones sobre recursos públicos y datos de beneficiarios. El excoordinador Gerardo Álvarez García denunció amenazas atribuidas al alcalde morenista Juan Miguel Ramírez y a su hijo; el presidente municipal rechazó los señalamientos y sostuvo que las bajas respondieron a actividades proselitistas con recursos del ayuntamiento.
Despidos en Celaya: qué denuncia el excoordinador
Álvarez García ocupaba la coordinación de Delegados, Comités de Agua y Saneamiento Rural. De acuerdo con el reporte de Periódico Correo, tras su salida difundió una denuncia pública en la que señaló presiones para entregar nombres, domicilios y teléfonos de personas beneficiarias de programas sociales.
El exfuncionario atribuyó esas exigencias al alcalde y a Alejandro Ramírez Casillas, hijo del presidente municipal, y relacionó su negativa con las amenazas que dijo haber recibido. Se trata de su versión: los reportes consultados no constituyen por sí mismos una acreditación de los hechos denunciados ni permiten afirmar que ambos hayan cometido un delito.
También negó que su presencia en San Miguel Octopan correspondiera a un acto de campaña. Según Correo, explicó que participaba en una actividad municipal de ofrendas con catorce escuelas y que personal de la Contraloría acudió para la entrega-recepción. Esa explicación contradice el motivo político que el gobierno atribuye a las bajas.
La respuesta del alcalde y los recursos señalados
En su cobertura del 30 de octubre, Zona Franca recoge la versión de Ramírez Sánchez: tres empleados de la Secretaría del Ayuntamiento habrían participado en proselitismo utilizando vehículo, equipo y tiempo laboral. Además del coordinador, el medio identifica entre las personas separadas a un fotógrafo y una asistente del secretario del Ayuntamiento con licencia, Daniel Nieto.
El presidente municipal sostuvo que no permitiría el uso de bienes públicos para actividades políticas. Sobre las listas de beneficiarios, negó la acusación y afirmó que se actualizan semestralmente. Esa respuesta es relevante, pero no resuelve por sí sola quién solicitó información, con qué atribuciones o para qué finalidad.
El reporte de AM confirma el conflicto por los despidos y la denuncia del excoordinador. La coincidencia entre coberturas permite establecer que las acusaciones fueron públicas; no convierte automáticamente en probadas las imputaciones de ninguna de las partes.
Lo que falta aclarar con documentos
La controversia plantea dos cuestiones diferentes de rendición de cuentas. La primera es el fundamento de las bajas y la evidencia del supuesto uso proselitista de recursos. La segunda es la posible solicitud de información personal a un área municipal. Mezclarlas en una disputa política impediría examinar cada señalamiento por separado.
Para contrastar las versiones resultan relevantes los documentos de separación, los registros de asignación de vehículos o equipos y, si existen, las solicitudes de entrega de datos. En las fuentes citadas no se presenta una resolución definitiva que determine responsabilidades por las amenazas denunciadas o por el uso de recursos señalado por el alcalde.
El cuidado de información ciudadana también forma parte del debate sobre protección de datos personales. Por separado, nuestra cobertura del caso de pagos investigados en Tuxtepec muestra otra discusión sobre controles municipales; no existe en esta nota una relación entre ambos expedientes.
El hecho confirmado es la separación de trabajadores y el intercambio público de señalamientos. Determinar si hubo amenazas, entrega indebida de datos o desvío exige pruebas y actuaciones de las autoridades competentes. Ni la denuncia del excoordinador ni la explicación del alcalde deben sustituir esa comprobación.
Juan Miguel Ramírez, al centro, con integrantes del Consejo Directivo del IMIPE el 28 de agosto de 2026. Archivo: Gobierno de Celaya. La imagen no documenta las denuncias ni implica a los demás asistentes.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
