Alejandro Armenta durante un acto del sector de carga en San Martín Texmelucan, el 22 de mayo de 2026. Archivo: Especial / Reto Diario. No corresponde a un asalto ni a la reunión de noviembre.
Puebla acumuló 882 registros de robo a transportistas entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 832 fueron con violencia, según cifras del SESNSP retomadas este 8 de noviembre por e-consulta. El balance corresponde al gobierno de Alejandro Armenta y mantiene un reclamo concreto: la reducción anual reportada no elimina la exposición de los conductores a agresiones ni sustituye la obligación de protegerlos.
Puebla: la violencia domina los robos a transportistas
La información de Karla Santoyo en e-consulta señala que sólo 50 de los 882 casos se registraron sin violencia. La proporción violenta equivale a 94.3 por ciento: no es un detalle secundario para quienes deben recorrer las vías de comunicación para trabajar.
El mismo reporte ubica a Puebla en el segundo lugar nacional por el total registrado, detrás del Estado de México. Además, septiembre cerró con 120 casos, frente a los 94 de agosto. El corte es de nueve meses; no se presenta aquí como el saldo completo de 2026 ni como una medición de hechos ocurridos únicamente durante noviembre.
También debe distinguirse la estadística de la experiencia total del gremio. El SESNSP define la incidencia delictiva a partir de averiguaciones previas o carpetas iniciadas. No es un conteo exhaustivo de todos los ataques sufridos, ni una relación de sentencias o delitos esclarecidos.
Hay una disminución anual, y debe contarse
Meganoticias, en un reporte de Enrique González del 27 de octubre, informó que los 882 expedientes representaban una reducción de 28.76 por ciento frente al mismo periodo de 2025, con base en cifras de la Fiscalía estatal. Ese dato debe acompañar cualquier evaluación seria: no sería correcto afirmar que el acumulado anual aumentó.
La mejora del registro no cancela el problema. La cobertura del medio recoge la preocupación del sector por las agresiones, además de la pérdida de vehículos y mercancías, y las exigencias de mayor seguridad. Las estimaciones gremiales nacionales que menciona son una medida distinta a las carpetas poblanas; mezclarlas inflaría o distorsionaría el balance.
La obligación del gobierno morenista no termina en exhibir una variación favorable. Debe explicar cómo esa reducción se traduce en trayectos menos peligrosos, respuesta oportuna y atención a las víctimas. El volumen que permanece registrado impide dar el asunto por resuelto.
La respuesta oficial: acuerdos que requieren seguimiento
El Gobierno de Puebla sí ha informado acciones. En su comunicado SEGOB 047/2026, del 6 de noviembre, anunció una reunión de autoridades federales y estatales, fiscalías y representantes transportistas. Reportó acuerdos para abrir dos corralones en Tecamachalco y San Martín Texmelucan, capacitar conductores mediante el ICATEP y celebrar otro encuentro con alcaldes.
El boletín acredita la posición institucional y los compromisos anunciados; no demuestra por sí solo que esas medidas ya hayan reducido los asaltos. Su seguimiento exige fechas de ejecución, responsables y resultados que puedan contrastarse con los registros posteriores.
Las reuniones pueden abrir soluciones. Los conductores necesitan que esas soluciones lleguen a la carretera: 832 registros violentos no desaparecen detrás de una fotografía de coordinación.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
