Ciudad de México, 16 de octubre de 2026. La fiscal general Ernestina Godoy reconoció que dentro de la Fiscalía General de la República persisten prácticas de acoso, hostigamiento y obstáculos que dejan denuncias sin avanzar. La admisión sobre el acoso en la FGR acompañó el relanzamiento de una red nacional de enlaces de género, una medida relevante cuya eficacia dependerá de plazos, protección contra represalias y resultados verificables.
Acoso en la FGR: denuncias que quedaron sin avanzar
Durante la inauguración del curso “Proceso de Fortalecimiento Profesional de las Personas Enlace de Género”, Godoy afirmó que no puede garantizarse una atención digna a la ciudadanía si la institución tolera violencia contra las mujeres en su interior. La cobertura de La Jornada consignó además que la fiscal describió obstáculos internos capaces de dejar denuncias por hostigamiento y acoso sexual guardadas en expedientes sin movimiento.
Ese reconocimiento es más amplio que el comunicado institucional. La FGR informó oficialmente que el curso duró 15 horas durante tres días y reunió a 78 enlaces de género —74 mujeres y cuatro hombres— de las 32 entidades y de áreas centrales. Sin embargo, no publicó cuántas quejas están rezagadas, cuánto tiempo llevan detenidas ni cuántas derivaron en sanciones.
La diferencia importa porque capacitar personal no resuelve por sí solo la impunidad administrativa. El avance deberá medirse con datos periódicos sobre denuncias recibidas, medidas de protección, tiempos de investigación, resoluciones y sanciones, cuidando la identidad de las víctimas.
Red de género tendrá respaldo y protección contra represalias
Godoy ordenó que los mandos garanticen tiempo suficiente dentro de la jornada laboral para que cada enlace desempeñe sus funciones y se capacite. También instruyó documentar y atender de manera expedita cualquier intimidación, obstaculización, sanción informal o represalia contra quienes acompañen casos de violencia de género.
La red funcionará como primer contacto, orientación y acompañamiento, en coordinación con la Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género. El diseño cubre todo el país y forma parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. El reto es que los enlaces tengan independencia práctica frente a los mismos superiores que podrían ser señalados y que las víctimas conozcan canales alternos cuando exista conflicto de interés.
La Fiscalía ya cuenta con mecanismos administrativos para presentar quejas por acoso y hostigamiento, pero el reconocimiento de expedientes paralizados muestra que disponer de un canal no garantiza una investigación eficaz. La institución tendrá que explicar qué cambios procesales evitarán que los casos vuelvan a quedar detenidos.
La rendición de cuentas exige cifras, plazos y supervisión
La FGR sostiene que colocará a las víctimas en el centro y que el resultado debe ser concreto y verificable. Para cumplir esa promesa necesita publicar una línea de base: número de asuntos pendientes, antigüedad, etapa procesal y tiempos máximos de respuesta. También conviene establecer supervisión externa o auditorías que permitan detectar represalias y cierres injustificados.
La exigencia de transparencia coincide con otros desafíos institucionales. La Fiscalía acaba de abrir un esquema de recompensas cuyo éxito también dependerá de informes públicos y control presupuestario. Además, el cierre judicial del caso Garduño reavivó preguntas sobre responsabilidad individual y reparación a víctimas.
El relanzamiento de la red nacional es una respuesta institucional útil, pero todavía incompleta. El indicador decisivo no será cuántas personas recibieron capacitación, sino cuántas denunciantes obtienen protección, investigación oportuna y una resolución fundada sin sufrir represalias.
Fotografía de archivo: sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. Foto: Tbhotch / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Recorte 16:9.







