El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que alcaldes de Guerrero y Guanajuato han solicitado protección tras el brutal asesinato de Alejandro Arcos.
En medio de la creciente violencia que ha sacudido al estado de Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que varios alcaldes han solicitado protección tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Durante la conferencia de prensa mañanera presidida por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario confirmó que su dependencia recibió cuatro nuevas peticiones de resguardo el pasado lunes.
García Harfuch señaló que, aunque no podía detallar los nombres de los ediles solicitantes por respeto a su privacidad, los alcaldes provienen de Guerrero y Guanajuato, dos estados severamente golpeados por la inseguridad y los conflictos entre grupos criminales. “Quien tendría que darlos a conocer, por respeto a ellos, son quienes lo solicitan, pero si hay otras solicitudes”, comentó el secretario, sugiriendo la gravedad de la situación que enfrenta el país en términos de seguridad municipal.
El asesinato de Alejandro Arcos ha dejado consternada a la comunidad de Chilpancingo y ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los funcionarios municipales. Arcos fue hallado sin vida, decapitado y con su cabeza expuesta sobre el toldo de su vehículo. De acuerdo con la versión proporcionada por el secretario Harfuch, el alcalde viajaba sin escoltas y sin protección de la Guardia Nacional, a pesar de la creciente violencia que afecta la región.
Sin protección solicitada
Durante su intervención, García Harfuch aclaró que Arcos no contaba con protección de ninguna instancia de seguridad federal, ni había solicitado apoyo de la Guardia Nacional o de la propia Secretaría de Seguridad. El funcionario explicó que el alcalde se encontraba de camino a una reunión en Petaquillas, un poblado en el estado de Guerrero, cuando se perdió toda comunicación con él. “Sabemos que iba solo en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Se pierde la comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde ya del cuerpo sin vida del alcalde”, detalló el titular de la SSPC.
El asesinato del edil de Chilpancingo, cuya decapitación fue un gesto de violencia extrema, ha generado preocupación en otros alcaldes, quienes han solicitado protección adicional ante la amenaza constante de los cárteles y grupos delictivos que operan en la región. Harfuch mencionó que las solicitudes de protección están siendo revisadas y turnadas a las áreas correspondientes, ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional o a otras instituciones que puedan brindar el apoyo necesario.
Investigación en curso
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el homicidio de Arcos, sin ofrecer todavía avances significativos en la identificación de los responsables. El despliegue de fuerzas de seguridad en Chilpancingo y sus alrededores se ha intensificado tras el crimen, pero las tensiones y el temor en la población continúan en aumento.
El titular de la SSPC insistió en que se está trabajando de manera coordinada con otras instituciones para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, las dificultades para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos y la población en general siguen siendo un desafío persistente, especialmente en zonas donde los grupos criminales han establecido una presencia significativa.
En este contexto, la creciente demanda de protección por parte de otros alcaldes refleja el ambiente de inseguridad que predomina en varias regiones del país, donde los ataques directos contra autoridades municipales se han vuelto cada vez más frecuentes. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad para funcionarios de todos los niveles y garantizar un entorno más seguro para quienes enfrentan el reto de gobernar en territorios asediados por la delincuencia organizada.