Andrea Chávez cuestionó el costo y las prioridades del proyecto Torre Centinela. Captura de video difundida por la legisladora.
CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Chávez cuestionó el costo y las prioridades detrás de la Torre Centinela, inaugurada el 9 de septiembre en Ciudad Juárez por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. En un videomensaje, la senadora con licencia sostuvo que el gobierno estatal prefirió construir el complejo de seguridad en lugar de destinar recursos a un hospital de gran capacidad.
Chávez afirmó que el proyecto tuvo un costo superior a 4 mil 700 millones de pesos y lo comparó con el Hospital General Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez, cuya inversión —según las cifras citadas por la propia legisladora— fue de 4 mil 324 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento. A partir de esa comparación, acusó al gobierno de Campos de actuar por “interés”.
La acusación debe leerse como un señalamiento político de Chávez, no como un hecho acreditado por una autoridad judicial. La legisladora no acompañó en ese mensaje la imputación sobre supuestos intereses empresariales con una sentencia o resolución administrativa que la confirme.
Qué sostiene el Gobierno de Chihuahua
El Gobierno de Chihuahua presentó la Torre Centinela como el centro operativo de su estrategia estatal de seguridad. De acuerdo con el comunicado oficial de inauguración, la plataforma integra 2 mil 985 cámaras con movimiento y acercamiento, 4 mil 717 cámaras fijas, mil 791 lectores de placas, 102 arcos, 3 mil 65 puntos de monitoreo, 40 centros móviles y sistemas antidrones.
La administración estatal también informó que el edificio supera los 115 metros de altura y que desde sus instalaciones se coordinarán tareas de vigilancia, inteligencia y respuesta policial. Durante la ceremonia, Campos aseguró que el promedio diario de homicidios en Chihuahua disminuyó 24 por ciento durante 2026; se trata de una cifra difundida por el propio gobierno y cuyo método de comparación debe revisarse frente a los datos completos del periodo.
Un reporte de La Jornada señaló que la inauguración ocurrió sin funcionarios federales del gabinete de seguridad ni representantes del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. El medio también recogió críticas por el costo del proyecto y por la falta de acceso de la policía municipal a las cámaras estatales, según declaraciones del alcalde en funciones.
La comparación con un hospital
La comparación planteada por Chávez es políticamente eficaz, pero no resuelve por sí sola si una inversión era sustituible por la otra. Un hospital y un sistema estatal de videovigilancia tienen objetivos, fuentes presupuestales, equipamiento y costos de operación distintos. Para establecer si existió sobreprecio se requeriría revisar contratos, ampliaciones, auditorías y entregables, no únicamente contrastar los montos globales de dos obras diferentes.
En paralelo, el Gobierno de Chihuahua opera MediChihuahua para personas sin afiliación a otro servicio médico. La Secretaría de Salud estatal reportó 4 millones 585 mil 411 atenciones y 614 mil 748 credenciales emitidas entre el lanzamiento del programa, en 2024, y el 31 de julio de 2026. Esas cifras proceden de la administración estatal y no significan que el programa sustituya las obligaciones del IMSS o del ISSSTE con sus derechohabientes.
El debate también alcanza a Chávez
La ofensiva de la legisladora ocurre mientras su propia exposición política ha sido objeto de controversias electorales. En 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua una queja relacionada con presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos. La existencia de una denuncia o de un procedimiento electoral no prueba, por sí sola, financiamiento ilegal; sí vuelve legítima la exigencia de que se transparenten proveedores, contratos y origen de los recursos utilizados para promoción política.
También se ha intentado vincular públicamente a Chávez con el caso de La Barredora por su cercanía política con Adán Augusto López. Hasta ahora, esa asociación es una inferencia política: no constituye evidencia de participación de Chávez en actividades criminales. Mezclar ambos planos sin pruebas debilitaría el escrutinio válido sobre su promoción y sus gastos.
El fondo de la disputa no debería reducirse a consignas. Chihuahua necesita conocer cuánto costó cada componente de la Torre Centinela, qué contratos se modificaron, qué resultados medibles produce el sistema y cómo se coordina con municipios y Federación. Del mismo modo, quienes aspiran a gobernar deben transparentar el financiamiento de sus recorridos, publicidad y posicionamiento público.
Si Andrea Chávez exige claridad sobre los intereses detrás de una obra estatal, el estándar debe aplicarse también a su propia actividad política. La rendición de cuentas gana fuerza cuando no depende de quién ocupa el banquillo.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
