Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
El Servicio Universal de Salud comenzará a operar en México en enero de 2027 con la promesa de abrir la atención del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar a toda la población. Sin embargo, el arranque llega con protestas laborales, carencias de personal e insumos y un presupuesto público que especialistas consideran insuficiente. El reto importa porque el Gobierno deberá ampliar el acceso sin saturar una red ya desigual.
Salud universal: integración con recursos desiguales
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación creó el marco para coordinar las instituciones públicas y permitir que la afiliación laboral deje de ser una barrera. La primera fase contempla atención compartida en urgencias, continuidad de hospitalizaciones y padecimientos prioritarios; después se incorporarían estudios especializados, recetas y consultas referenciadas.
La Presidencia informó que 12 mil 750 consultorios de atención primaria deberán entrar en operación en enero de 2027 en las entidades donde funciona IMSS-Bienestar. El plan busca reducir la saturación y acercar servicios, pero no elimina las diferencias financieras entre las instituciones que deberán compartir pacientes, infraestructura y expedientes.
El IMSS se financia con aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno; el ISSSTE atiende a empleados públicos y el IMSS-Bienestar depende del presupuesto federal. Integrarlos exige reglas claras para compensar costos y evitar que la institución con mayor red termine absorbiendo demanda sin recursos equivalentes.
El presupuesto queda lejos de las necesidades
El gasto proyectado para el sector salud en 2027 equivale a alrededor de 2.9% del producto interno bruto, según el análisis del Paquete Económico citado por El País. La cifra queda lejos del parámetro cercano a 6% que suele utilizarse como referencia internacional para reducir brechas de acceso.
La Organización Mundial de la Salud define la cobertura universal como acceso a servicios de calidad sin empobrecimiento. Por ello, entregar una credencial común no bastará: también deberán garantizarse médicos, medicamentos, camas, estudios y mecanismos transparentes de pago entre instituciones.
La desigualdad presupuestaria es otro foco rojo. Mientras el IMSS registra un crecimiento real frente a 2025, el ISSSTE enfrenta una reducción y el aumento para IMSS-Bienestar es marginal. En ese contexto, proyectos estatales como el refuerzo de IMSS-Bienestar en Tamaulipas y los nuevos consultorios anunciados en Nayarit serán útiles sólo si cuentan con personal, abasto y capacidad operativa sostenida.
Protestas del IMSS elevan el riesgo operativo
El lanzamiento coincide con movilizaciones de trabajadores del Seguro Social que reclaman mejores salarios, más personal y abasto suficiente. Los inconformes advierten que recibir a más pacientes sin una expansión equivalente de recursos aumentaría los tiempos de espera y la carga sobre hospitales. El Gobierno sostiene que habrá inversión y mejor distribución de capacidades, además de una propuesta salarial para atender el conflicto.
La credibilidad del programa dependerá de indicadores públicos: consultas otorgadas, tiempos de espera, recetas surtidas, transferencias entre instituciones y gasto por paciente. También será necesario explicar quién financiará cada servicio cuando una persona sin afiliación sea atendida en una unidad del IMSS o del ISSSTE.
El antecedente del Insabi obliga a medir resultados
La desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi y su posterior sustitución por IMSS-Bienestar dejaron una advertencia: los cambios administrativos no garantizan por sí mismos cobertura efectiva. El nuevo modelo tiene una ventaja potencial al aprovechar redes existentes, pero también hereda fragmentación, expedientes incompatibles y diferencias regionales.
La salud universal puede reducir desigualdades si la atención se amplía con financiamiento suficiente y supervisión verificable. Sin esas condiciones, existe el riesgo de que la promesa de acceso común se convierta en más presión sobre personal e instalaciones. El Gobierno deberá demostrar, desde enero, que la integración mejora la atención real y no sólo reorganiza responsabilidades.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
