Aureliano Hernández Palacios durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, San Lázaro, 30 de octubre de 2026. Foto: Cámara de Diputados, difundida por 88.9 Noticias.
La Auditoría Superior de la Federación informó que investiga una posible triangulación de recursos públicos en Sinaloa, mediante una constructora vinculada con familiares de un funcionario estatal. El hallazgo fue presentado el 30 de octubre en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México. La ASF todavía calcula el posible daño al erario y no ha identificado públicamente a los involucrados.
ASF: una constructora bajo investigación en Sinaloa
Según la presentación reconstruida por Animal Político, la empresa fue constituida por dos familiares de un servidor público del Ejecutivo estatal y obtuvo contratos de obra de instituciones estatales y municipales. Uno figuraba como accionista y administrador único; otro, como apoderado legal. La información exhibida utiliza claves, no nombres.
El órgano fiscalizador señaló que la constructora recibió depósitos superiores a los correspondientes a sus obras públicas, movió dinero entre cuentas propias y transfirió recursos a esas personas después de que habían dejado la compañía. Ambas, a su vez, habrían realizado pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas, registrados bajo el concepto de pago de un préstamo.
La secuencia es relevante porque obliga a esclarecer el origen, la justificación y el destino de los recursos. Sin embargo, la presentación no permite afirmar que todos los depósitos sean dinero público desviado, ni identifica un monto definitivo de afectación. Tampoco ofrece elementos suficientes para señalar como culpable a una persona concreta.
El auditor reserva nombres y todavía calcula el daño
En la conferencia posterior a la entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, Aureliano Hernández Palacios Cardel explicó que la ASF reconstruyó cadenas de transferencias y detectó patrones que considera indicios de posibles irregularidades. La Jornada reportó que el funcionario evitó precisar responsabilidades individuales para preservar el debido proceso.
Consultado sobre Rubén Rocha Moya y Samuel García, en relación con las investigaciones de Sinaloa y Nuevo León, no confirmó su participación. La reserva es importante: una pregunta formulada en conferencia no prueba un vínculo con los hechos investigados. Rocha ganó la gubernatura sinaloense bajo la bandera de Morena, pero esa filiación tampoco demuestra responsabilidad penal.
El auditor explicó que parte del dinero permanece en distintos puntos de las transferencias, por lo que siguen los cálculos del eventual quebranto. Sumar cada movimiento como si fueran recursos independientes puede contar varias veces el mismo dinero. Los montos difundidos sobre Nuevo León tampoco deben trasladarse al expediente de Sinaloa.
La investigación deberá precisar contratos, beneficiarios, cantidades y posibles responsabilidades. En las fuentes consultadas para esta nota no se encontró una respuesta específica del Gobierno de Sinaloa a este esquema. Esa ausencia de respuesta localizada no equivale a una admisión de los señalamientos.
Como ocurre en el debate sobre la revisión de contratos del INE, es necesario separar las explicaciones de los involucrados, los hallazgos del auditor y las resoluciones de las autoridades competentes. Hasta ahora, lo conocido del caso sinaloense es una investigación sobre indicios: no una sentencia ni un daño patrimonial definitivamente cuantificado.
Aureliano Hernández Palacios durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, San Lázaro, 30 de octubre de 2026. Foto: Cámara de Diputados, difundida por 88.9 Noticias.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
