El incendio registrado el 10 de noviembre en la Presidencia Municipal de Camargo, durante una protesta por presuntos abusos policiales e inseguridad, contrasta con el balance de paz que Américo Villarreal presentó allí el 5 de septiembre. Ahora, la alcaldesa Ernestina Perales pide garantías para su seguridad y la de su equipo, mientras los reclamos ciudadanos siguen exigiendo respuestas.
Camargo: del discurso de paz a un palacio con daños
La distancia entre el templete y la calle quedó expuesta en apenas dos meses. Durante el segundo informe de Perales, el gobernador sostuvo que los resultados de seguridad se reflejaban no sólo en estadísticas oficiales, sino también en la vida cotidiana. El comunicado estatal 185-2026 conserva esa afirmación, emitida precisamente en Camargo.
Ese antecedente no demuestra por sí solo que todos los indicadores hayan empeorado. Sí obliga a contrastar el optimismo oficial con un hecho concreto: una protesta terminó con fuego dentro de la sede municipal y con la presidenta municipal solicitando protección. La tranquilidad anunciada desde el gobierno no evitó esta crisis.
La cobertura del 10 de noviembre de Azteca Noticias reportó la irrupción de inconformes y el incendio. Entre las demandas figuraban señalamientos de presuntos abusos de la Guardia Estatal, medidas ante la inseguridad y la salida de Perales. Esas acusaciones deben investigarse: no equivalen a hechos judicialmente probados.
La respuesta de la alcaldesa y la otra exigencia de seguridad
Perales, identificada como alcaldesa morenista por El Sol de Tampico, sostuvo que recibió a una asociación civil de derechos humanos acompañada por personas con el rostro cubierto. Según su versión, escuchó planteamientos sobre autoridades estatales y retenes en la carretera Ribereña e intentó canalizarlos a las instancias competentes.
La edil afirmó que hubo insultos y una actitud confrontativa que impidió profundizar el diálogo. Lamentó los daños al inmueble y anunció que entregaría imágenes y videos a las autoridades. Su petición de garantías incluye a su familia y colaboradores, de acuerdo con las crónicas de su pronunciamiento.
En su reporte del 11 de noviembre, Hora Cero recogió que la presidenta municipal dijo tener una percepción sobre el origen de las presiones, pero evitó hacer señalamientos sin sustento. También se reservó acciones legales y pidió mantener la calma. Esa es su respuesta disponible; no una identificación acreditada de responsables.
Investigar el incendio no borra los reclamos
Las dos responsabilidades no se cancelan entre sí: esclarecer los daños al patrimonio municipal y atender las denuncias sobre la actuación policial. Investigar a quienes hayan provocado el fuego no autoriza a tratar como culpables a todas las personas que protestaron. Tampoco la inconformidad justifica un incendio.
La cobertura revisada no precisa oficialmente la magnitud económica de los daños ni confirma un saldo de detenidos o lesionados. Por ello, no corresponde inventar cifras, atribuir la movilización a un grupo criminal o presentar como probada una operación política contra la alcaldesa.
Este medio ha documentado otros episodios de violencia y respuesta federal en Matamoros, así como los señalamientos oficiales sobre familias utilizadas como escudos en la frontera. Son casos distintos, no pruebas sobre Camargo. Aquí la pregunta para el poder es concreta: ¿qué respuesta verificable recibirán quienes denuncian abusos y quienes hoy solicitan protección?







