La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes 20 de octubre que exista un pacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para detener o inculpar al exfiscal César Jáuregui. El señalamiento importa porque el caso combina una acusación penal por presunta traición a la patria, la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas y una ruptura política dentro del PAN.
Caso Jáuregui: Sheinbaum deja la decisión en manos de la FGR
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que “la justicia está por encima incluso de la política” y rechazó versiones sobre una negociación con Campos. También aclaró que no le corresponde exonerar a la gobernadora: será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si existen elementos para ampliar responsabilidades.
La precisión presidencial es relevante porque la detención de Jáuregui provocó acusaciones cruzadas. Su defensa ha planteado que el expediente tiene una motivación política, mientras Campos se distanció de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos y afirmó que nadie está por encima de la ley. La mandataria federal insistió en que la fiscalía deberá presentar sus pruebas ante el juez y respetar el debido proceso.
La controversia es una nueva etapa de un expediente que este sitio ha seguido desde que la FGR acusó al exfiscal por el operativo con agentes estadounidenses. Más tarde, el debate se concentró en las versiones contrapuestas entre Palacio Nacional y la defensa de Jáuregui sobre el alcance de las pruebas.
Más de cien actos de investigación, pero la prueba debe revisarse
En su comunicado del 17 de octubre, la FGR informó que un juez federal autorizó la orden de aprehensión después de más de cien actos de investigación. La fiscalía atribuye a César “N” haber ordenado y coordinado un operativo irregular efectuado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con esa versión, autoridades estatales permitieron que agentes extranjeros asumieran funciones reservadas a la Federación.
La agencia Reuters reportó que los agentes, identificados en distintas coberturas como miembros de la CIA, habrían participado sin la autorización exigida por la legislación mexicana. Dos de ellos y dos funcionarios estatales murieron posteriormente en un accidente carretero, hecho que expuso las contradicciones iniciales sobre la operación.
Sin embargo, una orden de captura no equivale a una sentencia. La defensa sostiene que los testimonios incorporados al expediente no prueban que Jáuregui autorizara personalmente la presencia de los agentes. Esa diferencia deberá resolverse con evidencia judicializable, no con declaraciones partidistas. La presunción de inocencia sigue vigente mientras no exista una resolución firme.
El rompimiento en Chihuahua eleva el costo político
El caso también abrió una fractura entre Campos y su exfiscal. La gobernadora había defendido previamente la actuación de su administración, pero tras la captura afirmó que su gobierno no protegerá a ninguna persona. El abogado de Jáuregui la acusó de abandonarlo por conveniencia política. Morena, a su vez, ha pedido que la investigación alcance a otros funcionarios estatales relacionados con la planeación del operativo.
El País documentó que las versiones oficiales sobre la participación estadounidense cambiaron desde abril y que el episodio alteró los equilibrios internos del PAN en Chihuahua. Ese antecedente explica por qué la negativa de Sheinbaum no cierra la discusión: aún faltan una exposición pública suficiente de las pruebas, la respuesta formal de la defensa y la delimitación de responsabilidades de mando.
La rendición de cuentas exige separar tres planos: si hubo intervención extranjera ilegal, quién la autorizó y si la procuración de justicia actúa sin acuerdos políticos. La audiencia y las resoluciones posteriores deberán ofrecer respuestas verificables. En un país donde las familias también cuestionan la calidad de los registros oficiales —como ocurrió con la revisión del registro de personas desaparecidas—, la credibilidad institucional depende de transparentar la evidencia sin vulnerar el proceso.







