Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, en una imagen de archivo. Foto: @kpya/X, vía SDP Noticias.
Ernesto Ruffo enfrenta desde su casa en Ensenada un proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con el contrabando de combustibles. La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que cuenta con pruebas sobre su papel en la empresa Ingemar; el exgobernador panista lo niega y denuncia persecución política. El caso Ruffo importa no sólo por el acusado: también mantiene sin respuesta pública cómo cargamentos millonarios atravesaron aduanas federales.
Caso Ruffo: la FGR sostiene que participó en decisiones
En un comunicado difundido el 2 de octubre, la FGR afirmó que su investigación contiene dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis que vinculan a Ruffo con Ingemar. Según la institución, el exmandatario era accionista y secretario del consejo de administración, y habría intervenido en la representación legal y en decisiones estratégicas de la empresa.
La acusación sostiene que Ingemar participó en la importación irregular de alrededor de 18 millones de litros de combustible desde Estados Unidos. Ruffo enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Permaneció dos meses en prisión preventiva y después obtuvo arresto domiciliario por razones de edad y salud. Ese cambio de medida cautelar no equivale a una absolución.
Ruffo rechazó los señalamientos en una entrevista publicada este lunes. Dijo que su función en la compañía era limitada, responsabilizó de la operación cotidiana a otros directivos y calificó el proceso como una persecución. Es la versión de su defensa y deberá confrontarse con las pruebas ante un juez. Como establece la propia FGR, conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
Las aduanas siguen en el centro del caso Ruffo
La dimensión pública del expediente va más allá de la responsabilidad penal de un empresario. De acuerdo con la acusación citada por EL PAÍS en su revisión del caso, 163 carrotanques cruzaron por Matamoros y Nuevo Laredo con cantidades presuntamente subdeclaradas. El perjuicio fiscal inicial atribuido a esas operaciones asciende a 166.4 millones de pesos.
Sin embargo, el comunicado más reciente de la FGR no identifica públicamente a los funcionarios aduanales que habrían permitido los cruces ni explica qué controles fallaron durante meses. Tampoco precisa si existen investigaciones administrativas o penales contra servidores públicos de las aduanas involucradas. Esa omisión deja pendiente una rendición de cuentas indispensable: ningún esquema de huachicol fiscal de esa escala puede analizarse sólo desde las empresas privadas y sin revisar la actuación oficial.
La exigencia de pruebas debe aplicarse de forma consistente. En otro expediente de huachicol fiscal mencionado por este medio, la FGR sostuvo que un nombre en testimonios no bastaba para abrir una investigación sin evidencia corroborada. El mismo estándar obliga aquí a separar los indicios, las imputaciones y los hechos que eventualmente sean acreditados en juicio.
Una investigación completa debe seguir toda la cadena
El caso Ruffo ya forma parte de la disputa política: el acusado fue el primer gobernador del PAN y su defensa atribuye el proceso al Gobierno federal; la FGR responde que su actuación deriva de evidencia documental y pericial. Pero convertir el expediente en una pugna partidista no resuelve las preguntas centrales sobre la cadena de importación, los controles aduanales, las empresas intermediarias y el destino del combustible.
También exige prudencia frente a acusaciones sin sustento, como ocurrió en otros señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con el contrabando de combustibles que no fueron respaldados por información oficial. En este caso, corresponde al Ministerio Público probar sus cargos y a los jueces valorar la evidencia. A la vez, la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas deben informar si investigan la participación u omisión de funcionarios. Sin esa parte, la explicación pública del huachicol fiscal seguirá incompleta.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
