CIUDAD DE MÉXICO.— El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, defendió la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y sostuvo que Washington considera que esos grupos utilizan violencia, corrupción e intimidación para imponer sus intereses.
El diplomático hizo el pronunciamiento durante la conmemoración por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, celebrada en la nueva sede de la embajada estadounidense. Al vincular ambos asuntos, Johnson presentó la política contra los cárteles como parte de una estrategia más amplia frente a amenazas transnacionales.
La comparación tiene consecuencias políticas. La categoría de organización terrorista amplía herramientas financieras y penales de Estados Unidos contra personas o empresas que apoyen materialmente a los grupos señalados. No equivale, por sí sola, a una autorización automática para intervenir militarmente en México.
México insiste en cooperación sin subordinación
El Gobierno mexicano ha aceptado reforzar el intercambio de inteligencia, las extradiciones y las operaciones contra tráfico de armas, drogas y personas. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier acción unilateral de fuerzas estadounidenses en territorio nacional.
Johnson destacó que ambos países han mantenido cooperación y que más de 350 fugitivos han sido entregados a México, según cifras citadas durante el acto. La relación, sin embargo, sigue atravesada por diferencias sobre el alcance de las operaciones, la responsabilidad de Estados Unidos en el flujo de armas y la retórica de intervención.
Associated Press reportó que la lista estadounidense ya incluye 21 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe. México concentra ocho de los grupos designados, entre ellos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esa expansión muestra que la herramienta dejó de reservarse a organizaciones con motivaciones ideológicas.
La designación puede facilitar congelamientos de activos y procesos judiciales, pero también genera riesgos para empresas y comunidades que interactúan bajo coerción con organizaciones criminales. Abogados y especialistas han pedido criterios claros para distinguir apoyo deliberado de pagos realizados bajo amenazas.
El mensaje del embajador refuerza la presión de Washington para obtener resultados rápidos contra el narcotráfico. Para México, el reto será sostener la cooperación operativa sin ceder facultades soberanas ni permitir que la etiqueta de terrorismo sustituya investigaciones penales, controles judiciales y políticas de prevención.
Fuentes: La Jornada; El Financiero/EFE; Associated Press. Consultas relacionadas: operación antidrones en la frontera y respuesta mexicana a Marco Rubio.







