El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condena los “ataques verbales” del gobernador Rubén Rocha contra periodistas por sus reportes sobre la violencia en Culiacán.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su condena a los “ataques verbales” lanzados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra los periodistas Azucena Uresti y Luis Chaparro. Las declaraciones del mandatario se produjeron tras la publicación de reportajes que documentan la creciente ola de violencia en Culiacán y que exploran posibles vínculos entre Rocha y el crimen organizado.
En su pronunciamiento, el CPJ América advirtió que los comentarios del gobernador representan una grave amenaza para la libertad de prensa y para la seguridad de los periodistas en la región. El CPJ denunció que Rocha responsabilizó a Uresti y Chaparro de cualquier daño que pueda sufrir como resultado de sus investigaciones, sugiriendo que los periodistas están incitando a uno de los grupos criminales a actuar en su contra.
El origen de la controversia reside en una conferencia de prensa reciente del gobernador, en la que Rocha abordó las revelaciones sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico. Según los reportajes publicados, Rocha habría simulado su salida del país el 25 de julio de este año, justo cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado en Estados Unidos. Estas investigaciones, según el gobernador, son “acciones políticas” cuyo objetivo es perjudicarlo a él y a su familia.
Rocha declaró ante los medios: “Si tienen tanta valentía para denunciarlo, denúncialo a la autoridad, denúncialo a la FGR. Lo están haciendo por razones políticas. Lo único a lo que están contribuyendo es que uno de los grupos agarre revalidad conmigo (…) me están haciendo daño a mí y a mi familia (…). Cualquier situación que están propiciando estas personas con sus acciones periodísticas que nos afecten, yo los hago responsables”.
Estas palabras no pasaron desapercibidas, y provocaron una rápida reacción del periodista Luis Chaparro, quien respondió que cualquier eventual daño sufrido por el gobernador sería una “consecuencia de sus decisiones pasadas de tener vínculos con criminales”, y no de las investigaciones periodísticas. Chaparro subrayó que su trabajo se basa en hechos y en el derecho de informar, y rechazó la imputación de Rocha.
Hasta el martes 25 de octubre, la periodista Azucena Uresti no había emitido un pronunciamiento público sobre las declaraciones del gobernador, aunque muchos de sus seguidores en redes sociales expresaron su solidaridad. A pesar del silencio de Uresti, la comunidad periodística y diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa se han movilizado en apoyo de los comunicadores.
El CPJ recordó que Sinaloa es una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo en México debido a la presencia de poderosos cárteles de la droga y a la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas. Los ataques verbales de figuras públicas como el gobernador Rocha exacerban esta situación, incrementando el riesgo al que se enfrentan los reporteros que cubren temas delicados como el narcotráfico.
La violencia en Sinaloa ha sido motivo de preocupación no solo a nivel local, sino también internacional, debido a la escalada de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales. A pesar de las declaraciones de Rocha, la violencia no ha mostrado signos de disminuir, y las investigaciones periodísticas continúan revelando presuntos nexos entre las autoridades y el crimen organizado.
El Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades a proteger la integridad de los periodistas y a evitar cualquier intento de intimidación o represalia. Asimismo, subrayó la importancia de un periodismo libre y sin restricciones en la lucha contra la violencia y la corrupción.
El caso ha puesto de manifiesto la peligrosa situación que enfrentan los periodistas en México, donde el periodismo de investigación es vital para sacar a la luz las conexiones entre el poder y el crimen, pero que a menudo enfrenta amenazas y agresiones por parte de figuras públicas y grupos criminales.