Un soldado de la Guardia Nacional de Texas observa un dron durante operaciones de seguridad en la frontera, el 6 de febrero de 2026. Foto: Sargento de Primera Clase Christy Sherman / Guardia Nacional de Estados Unidos / DVIDS (dominio público).
Estados Unidos prohibió desde este viernes los vuelos no autorizados de drones en la franja inmediata a su frontera con México. La medida, emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), cubre una milla náutica al norte del límite internacional y hasta 400 pies de altura. Su alcance importa para México porque llega en medio de operaciones bilaterales contra drones usados por grupos criminales y eleva la presión sobre la coordinación fronteriza.
Drones en la frontera: qué prohíbe la FAA
La restricción temporal de vuelo anunciada por la FAA entró en vigor el 16 de octubre y se aplica únicamente dentro del espacio aéreo estadounidense. Impide operar drones sin autorización desde la superficie hasta 400 pies —unos 122 metros— en una franja de una milla náutica, equivalente a 1.85 kilómetros, a lo largo de toda la frontera con México.
La autoridad aeronáutica informó que publicará el aviso correspondiente para pilotos, conocido como NOTAM, con enlaces al aviso nacional y a su sistema de datos para aeronaves no tripuladas. La obligación recae también en operadores comerciales y recreativos, quienes deben consultar las restricciones vigentes antes de cada vuelo.
El gobierno estadounidense justificó la decisión por riesgos para las operaciones de seguridad, el personal y las instalaciones federales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas estadounidenses derribarán cualquier dron de los cárteles que amenace la soberanía de ese país. La advertencia acompaña una política de mayor presión sobre México que también incluyó la reciente amenaza de operaciones terrestres contra los cárteles.
La amenaza de los cárteles y el antecedente del láser
El Pentágono sostiene que registra más de mil incursiones de drones al mes en la frontera. Ese dato no ha sido acompañado, en el anuncio de este viernes, por un desglose público de lugares, responsables o resultados operativos. Autoridades estadounidenses señalan que organizaciones criminales usan aparatos comerciales para vigilar rutas y lanzar paquetes con drogas.
La preocupación tiene antecedentes verificables en México. El Ejército informó recientemente el aseguramiento de 48 drones en Sinaloa, aunque sin detenciones. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que la operación binacional “Águila Alta”, realizada en septiembre entre Tijuana y San Diego, buscó inhibir drones comerciales vinculados con tráfico de drogas y personas. El comunicado mexicano aseguró que el operativo fortaleció protocolos de comunicación, pero no publicó indicadores que permitan medir por separado su efecto.
La nueva restricción también sigue a fallas en el despliegue estadounidense de un sistema antidrones de alta energía. De acuerdo con Reuters, en febrero la FAA ordenó brevemente detener vuelos en el aeropuerto de El Paso porque el equipo se utilizó antes de completar una revisión de seguridad. Días después, el sistema derribó por error un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que obligó a ampliar otra zona restringida en Texas.
México enfrenta una nueva exigencia de coordinación
La orden de la FAA no modifica por sí misma las reglas para volar drones del lado mexicano ni autoriza operaciones de Estados Unidos en territorio nacional. Sí puede afectar vuelos cercanos al límite que crucen accidentalmente al norte y obliga a empresas, medios, agricultores y operadores civiles a revisar con mayor cuidado sus rutas.
Hasta el cierre de esta nota, los canales oficiales consultados de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Defensa no mostraban una postura específica sobre el nuevo aviso. Esa ausencia deja pendientes preguntas relevantes: cómo se compartirán alertas en tiempo real, qué protocolo evitará incidentes entre sistemas antidrones de ambos países y qué evidencia respaldará la atribución de un vuelo a un grupo criminal.
La respuesta mexicana será clave para distinguir una medida de seguridad legítima de una escalada sin controles públicos. La coordinación bilateral ya existe; lo que falta es información verificable sobre resultados, reglas de actuación y salvaguardas para las operaciones civiles en una zona donde coinciden seguridad nacional, comercio y soberanía.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
