Imagen de archivo: impresión de boletas judiciales en Talleres Gráficos de México, 21 de febrero de 2025. Foto: INE. La imagen ilustra la actividad del organismo, no el contrato observado ni la producción de 2027.
Talleres Gráficos de México recibió un nuevo encargo para producir documentación electoral de 2027 en medio del escrutinio por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación superiores a 68 millones de pesos. El INE aprobó el diseño de las boletas el 5 de noviembre. El contraste coloca una pregunta sobre la apuesta del Gobierno federal por fortalecer la imprenta: cómo ampliará su papel sin repetir las fallas de control señaladas.
Talleres Gráficos: el encargo crece bajo observaciones
El comunicado oficial del INE prevé imprimir más de cien millones de boletas en aproximadamente veinte días, con una producción estimada de cinco millones diarios. La documentación quedará a cargo de Talleres Gráficos por su infraestructura y condiciones de seguridad.
El acuerdo también contempla supervisión, actualización de candidaturas y seguimiento jurídico. Son controles anunciados para la producción electoral; no equivalen a una aclaración de las observaciones financieras sobre ejercicios anteriores.
El organismo pertenece al sector Gobernación. Que sea una imprenta pública y tenga experiencia técnica no la exime de comprobar sus pagos. El debate enlaza con la revisión ampliada de contratos del INE, pero los expedientes deben distinguirse: una observación a Talleres Gráficos no prueba por sí misma irregularidades del instituto electoral.
Los pagos cuestionados no son una sentencia
La Razón reportó el 3 de noviembre que la auditoría de la Cuenta Pública 2024 dejó un monto cercano a 68.03 millones de pesos por aclarar. El señalamiento principal corresponde a sesenta millones pagados a Konnex Technologies por un contrato terminado anticipadamente.
Según esa cobertura, el proveedor consideró el pago como cobertura de gastos no recuperables, pero no se acreditaron los cálculos ni una valoración de Talleres Gráficos que justificara su procedencia. Otro componente, de alrededor de ocho millones, involucra documentación faltante de remuneraciones y personal.
Por separado, El Informador difundió el 5 de noviembre un reporte de SUN sobre la denuncia presentada ante la FGR, a partir de lo expuesto por la periodista Nayeli Roldán. La presentación de una denuncia no acredita culpabilidad, ni permite afirmar que haya imputaciones o condenas contra funcionarios o proveedores.
La cobertura también describe diecisiete adjudicaciones directas formalizadas mediante pedidos cuando, por su monto, requerían contratos. Esa deficiencia documental es distinta del pago a Konnex: exige revisar cada operación y las responsabilidades correspondientes, sin sumar automáticamente todo su importe al probable daño.
La reforma prometida todavía debe traducirse en controles
La respuesta política del Ejecutivo es reforzar el organismo. De acuerdo con Excélsior, Claudia Sheinbaum anunció el 5 de noviembre que presentaría un decreto la semana siguiente para fortalecer la operación y gobernanza de Talleres Gráficos, además de impulsar reglas transparentes de contratación.
Se trata de una propuesta, no de una reforma ya ejecutada ni de evidencia de que los montos cuestionados hayan sido solventados. En las fuentes consultadas no se identificó una aclaración posterior que cierre esos señalamientos. Eso tampoco autoriza a dar por consumado un delito.
Como en el caso de la solicitud de auditar un contrato del INE y la respuesta de su proveedor, el escrutinio exige contrastar documentos y explicaciones. Más capacidad de impresión no sustituye mejores controles: antes de presumir una solución pública, el Gobierno necesita demostrar cómo evitará que las cuentas vuelvan a quedar pendientes.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
