En una carta, el exsecretario de Seguridad Pública afirmó que la DEA le propuso un trato para reducir su condena a cambio de señalar a personas y entidades, lo que habría afectado la estabilidad institucional de México.
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, reveló que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) le ofreció un acuerdo para reducir su condena a cambio de inculpar a personas e instituciones. En una carta de cuatro páginas, García Luna afirmó que la propuesta fue presentada poco después de su arresto en diciembre de 2019 en Irving, Texas, y que decidió rechazarla por considerar que afectaría gravemente la paz pública y el desarrollo institucional de México.
El exfuncionario, que fue una figura central en la “Guerra contra el Narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, en espera de su sentencia. Su caso ha sido uno de los más controvertidos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues implica acusaciones de alto nivel sobre la complicidad entre funcionarios y el crimen organizado.
El supuesto acuerdo de la DEA
En la misiva, compartida públicamente por su abogado y el periodista Keegan Hamilton, García Luna aseguró que, tras su arresto, la DEA y la Fiscalía de Nueva York le propusieron un convenio que implicaba aceptar cargos relacionados con narcotráfico a cambio de una sentencia reducida de seis meses de prisión y beneficios económicos. El acuerdo también incluía la posibilidad de convertirse en testigo.
Sin embargo, el exsecretario afirma que el propósito real del acuerdo no era acusar a criminales o narcotraficantes, sino señalar a personas e instituciones específicas, lo que, a su juicio, habría debilitado la estabilidad del país. “La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional”, escribió en la carta. En este contexto, García Luna argumentó que la oferta de la DEA respondía a una “inducción” del gobierno mexicano, sugiriendo que había una presión política detrás de su detención.
Al rechazar el acuerdo, García Luna afirmó que enfrentó una serie de represalias que incluyeron su vinculación con el narcotráfico. “La reacción provocó una serie de acciones en mi contra para imputarme nexos con el narcotráfico, lo cual no pudo ser comprobado con evidencia suficiente”, aseguró. Cabe recordar que, en su juicio en 2023, García Luna fue declarado culpable de los cargos relacionados con el tráfico de drogas, pero él sostiene que no se presentaron pruebas concluyentes como documentos financieros, fotografías, o grabaciones que lo vincularan directamente con los cárteles.
Un juicio controvertido y señalamientos políticos
La figura de García Luna ha sido un punto de fricción en la política mexicana y en las relaciones entre México y Estados Unidos. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha señalado repetidamente la complicidad de García Luna con el crimen organizado como un ejemplo de la corrupción que imperó en gobiernos anteriores. No obstante, el exfuncionario asegura ser víctima de una persecución política derivada de su negativa a colaborar con las autoridades estadounidenses y mexicanas en el marco de este supuesto acuerdo.
García Luna también vinculó su situación actual con eventos recientes en México, como la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, y la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Según su carta, ambas situaciones forman parte de un supuesto acuerdo entre el presidente López Obrador y el narcotráfico para debilitar las instituciones judiciales y, al mismo tiempo, suspender la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Genaro García Luna deberá esperar hasta el 9 de octubre para conocer su condena definitiva. El juez Brian Cogan, quien previamente dictó cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, será el encargado de decidir el destino del exsecretario. La sentencia de Cogan será un punto clave no solo para la justicia estadounidense, sino también para la relación entre ambos países, ya que se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre México y Estados Unidos sobre la cooperación en materia de seguridad y narcotráfico.
La carta de García Luna agrega un nuevo elemento a la ya compleja narrativa de su caso, presentando la supuesta oferta de la DEA como una prueba de que su arresto fue impulsado por intereses políticos, y no únicamente por su presunta colaboración con cárteles. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser evaluadas con cautela, ya que aún no han sido corroboradas por fuentes oficiales. Lo que sí es cierto es que el destino de García Luna sigue siendo un tema de amplio interés y repercusiones tanto en México como en Estados Unidos, especialmente en la esfera política y judicial.
